Las asambleas barriales y la construcción de lo “público no estatal”: la experiencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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Hernán Ouviña*

Licenciado en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires. Becario del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y docente de la Facultad de Ciencias
Sociales, UBA. Miembro del Comité Editor de la revista Cuadernos del Sur.

“Habrá aún asambleas en las plazas públicas
y movimientos en los que no teníais pensado intervenir”.
Primer Manifiesto Surrealista
André Breton

Introducción
El presente artículo es producto de una investigación realizada durante
el año 2003 que se centró, en un principio, en la caracterización del
fenómeno asambleario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, planteando en primera instancia algunas comparaciones con las asociaciones vecinales existentes durante el siglo XX en Argentina, organizadas
en torno a los problemas territoriales en sus respectivos barrios. En
segundo término, nos propusimos abordar las dimensiones organizativas de las asambleas surgidas en los diferentes barrios capitalinos,
atendiendo a su ubicación geográfica, al tipo de estructura interna que
generan en sus prácticas, a la composición social de los miembros que
las integran, a las actividades que están encarando en relación al barrio
y los vecinos, a las instancias de articulación que establecen con otras
asambleas, y también al vínculo que entablan con otras organizaciones
y actores sociales, tales como los movimientos de trabajadores desocupados (piqueteros), los obreros de las empresas “recuperadas” y las
cooperativas de cartoneros.

La política en movimiento

Durante el transcurso de nuestra investigación fuimos reformulando nuestro marco analítico-conceptual, en particular en lo referido
a la delimitación entre lo que definimos como práctica política y lo que
caracterizamos como “espacios públicos no estatales”, entendiendo bajo
este nombre a un tipo de instancia que involucra formas de intervención
colectiva y participación voluntaria de los vecinos, bajo lógicas que se
distinguen de las que tradicionalmente guiaron a los órganos de gestión
pública, por no estar acotadas al ámbito estatal ni al mercantil. En este
sentido, nos abocamos a investigar los alcances y límites de estas modalidades de participación que –creemos– inauguran novedosos escenarios
de vivencia democrática, así como sus posibles articulaciones con otras
formas de autoorganización urbana, preguntándonos si pueden o no consolidarse como mediadoras reales de la acción política de los sectores populares por sus intereses, bajo control de estos, sin atarse mecánicamente
al derecho estatal ni a la forma organizativa partidaria que regulan la
representación política (Genro, 2000). Al respecto, una faceta relevante en
esta etapa ha sido el análisis de otras modalidades de gestión que se están
llevando adelante en diversas asambleas, explorando similitudes y diferencias en las posibilidades de articulación con otras formas de gestión
como la estatal y la privada. Tal es el caso de los predios “recuperados”, los
llamados socio-emprendimientos, y proyectos de economía solidaria.
A lo largo del artículo, intentaremos dar cuenta de todo este complejo proceso. Comenzaremos discutiendo en un nivel teórico qué entendemos por lo “público no estatal” y cuán innovadores resultan estos
espacios con respecto a fenómenos similares surgidos en otros contextos
históricos (por ejemplo, sociedades de fomento). Luego se realizará una
breve reseña de lo que consideramos es el preludio social y político de las
asambleas, en los años previos a su surgimiento, haciendo hincapié en
la dinámica de construcción de los movimientos de trabajadores desocupados a partir de 1996 y 1997, así como de los acontecimientos que se
sucedieron durante el año 2001 y que desembocaron en las jornadas del
19 y 20 de diciembre de ese año. En tercer lugar, se abordará el análisis
del propio fenómeno asambleario, ahondando en las principales dimensiones que lo caracterizan, e intentando dar cuenta de su complejidad
y singularidad. Por último, a modo de complemento, se efectuará un
breve balance de la experiencia de las asambleas barriales, a la luz de su
aparente repliegue y, en algunos casos, virtual desaparición.

Algunas aclaraciones conceptuales en torno a la
noción de lo “público no estatal” y al fenómeno
asambleario

La década del noventa implicó una profunda modificación de los límites
entre lo público y lo privado, en particular en Argentina. El proceso de

privatización de los servicios públicos y de descentralización de determinadas funciones estatales –iniciado en los primeros años, en el marco de las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado– fue
exhibido como un intento por parte del gobierno de Menem de fortalecer
la sociedad civil. En esto tuvo que ver un diagnóstico hegemónico que
observaba a la hipertrofia del Estado como principal responsable de los
serios desajustes producidos en el financiamiento del gasto público. De
ahí que los programas neoliberales de ajuste estructural aparecieran
como la respuesta “técnicamente racional” para recuperar los equilibrios macroeconómicos perdidos. Sin embargo, el balance provisorio realizado por numerosos investigadores del tema indica que, en
realidad, se terminó incrementando el poder de un reducido grupo de
conglomerados económicos, beneficiarios del creciente predominio del
mercado como reasignador de recursos (Oszlak, 1997; Boron, 2000;
Thwaites Rey, 2001; Ouviña, 2002c).
La propuesta neoconservadora de la instauración en la región
de un “Estado mínimo” no sólo tendió a acentuar las desigualdades
sociales y económicas de gran parte de la población latinoamericana, sino que además tornó endebles a los propios aparatos estatales
para garantizar de manera idónea sus funciones básicas. Poco a poco,
distintas instituciones y especialistas comenzaron a hacerse eco de la
necesidad de una “reconstrucción del espacio público”, otorgando una
importancia sustancial en este proceso a las formas de propiedad y de
control social “no estatales” (Fernandes, 1994; Bresser Pereira y Cunill
Grau, 1998; Cardoso, 1997). La mayoría de estos autores, tal como expresa Cunill Grau (1997: 58), coinciden en que la noción de lo “público
no estatal” remite a la creación de una institucionalidad que no sólo
involucre la necesidad de tornar la gestión pública más permeable a las
demandas emergentes de la sociedad, sino también de retirar del Estado y de los agentes sociales privilegiados el monopolio exclusivo de la
definición de la agenda social. Esto implica un concepto de interés público plural y descentrado que, de acuerdo a Vera Telles (1994), brinde
además la posibilidad de “publicitar conflictos privados, universalizar
reivindicaciones, forzar el reconocimiento de alteridades y constituir
actores colectivos que no pueden más dejar de ser tomados en cuenta
en políticas y programas del Estado”1

1 Si bien teóricos como Bresser Pereira y Cunill Grau (1998) entienden que este tipo de instancias permitirían la “renovación del sistema político”, no es esta la lectura que hacemos nosotros. Nuestra definición de lo “público no estatal” se emparenta más a la efectuada por Paolo Virno (2003: 70), quien lo concibe como una comunidad política que tiende a subvertir
las relaciones de producción capitalistas.

Cierto es que la sociedad civil en abstracto como tal no existe.
En este sentido, consideramos que Antonio Gramsci (1998) aporta una
definición interesante, entendiéndola como aquel terreno en donde se
disputan relaciones de fuerza entre polos sociales antagónicos. De ahí
que tampoco pueda equipararse a la sociedad civil con “lo público” a
secas, ya que ella cobija también (y hasta está moldeada por) vínculos
mercantiles y enajenantes. Así pues, lo “público no estatal” se construiría en esa especie de zona gris entre el mercado y el Estado, pero no
como ámbito complementario con respecto a estas dos esferas, sino en
tanto potencial impugnación de la existencia de estas mediaciones que
apuntan a organizar la vida misma en función del proceso de acumulación capitalista. La noción nos obliga entonces a repensar y revisar el
concepto de política. En este punto, coincidimos con Joachim Hirsch
(2001) en que es preciso trascender las categorías tradicionales que
identificaban política con Estado.
Aunque pueda resultar paradójico, habida cuenta de la importancia crucial de las transformaciones ocurridas en la relación Estado/
sociedad, en Argentina existe una escasa literatura especializada referida a estas nuevas formas de gestión pública y participación social
denominadas “no estatales”, e incluso la misma se ha ocupado en forma fragmentaria del tema. Si bien algunos trabajos abordan la problemática, lo hacen a partir de análisis de casos específicos, tales como
la opción de cogestión cooperativa de servicios públicos urbanos en
la ciudad de Córdoba (Zilocchi, 1998), o bien la experiencia realizada
por una ONG en materia de fiscalización ciudadana (Kohen, 1998). En
ambas ocasiones, además, se tienden a omitir ciertos factores sociales,
políticos y económicos que, a nuestro entender, permitirían dar cuenta
de una manera más englobadora de este tipo de procesos.
Por otro lado, debido al carácter reciente y novedoso de las asambleas barriales2, prácticamente no existen investigaciones o artículos
que intenten teorizar este fenómeno. Antes de su surgimiento, los pocos autores que en los últimos años tuvieron como foco de análisis las
protestas vecinales hicieron especial hincapié en las figuras del “consumidor” y el “usuario”, postulando que casi la totalidad de las luchas
ancladas en lo barrial se caracterizaban por expresar demandas de tipo particular, desarrollando una especie de “lobby” a favor de un interés
corporativo (Nardacchione, 2000).

2 Al parecer, no existen antecedentes a nivel mundial, al menos en las últimas décadas. En rigor, habría que remontarse a experiencias de mayor envergadura, como las realizadas por la Confederación Nacional del Trabajo en Cataluña y otras regiones del estado español, entre 1936 y 1939, así como a los soviets rusos de 1905-1917 y los consejos obreros alemanes,
húngaros e italianos de 1919-1920. Salvando las diferencias, pueden rastrearse también ciertas similitudes en el breve pero intenso proceso de la Comuna de París, en marzo y abril de 1871. Asimismo, queda pendiente indagar en las semejanzas con las llamadas “Asambleas Comunales”, surgidas en Estados Unidos a mediados de la década de 1770.

Antecedentes históricos de la (auto)organización
vecinal

En Argentina 3, el fenómeno más cercano a las asambleas barriales en
términos históricos es el llamado “fomentismo”, constituido mayoritariamente por Juntas Vecinales y Consejos Comunitarios del Gran Buenos Aires. Si bien pueden rastrearse sus orígenes hacia finales del siglo
XIX, es a partir del proceso de industrialización sustitutiva de importaciones iniciado en 1930 que cobra relevancia y se expande, adquiriendo
arraigo social junto al crecimiento de la ciudad que se generaliza en la
segunda mitad de la década del cuarenta (García Delgado y Silva, 1989:
219). Su característica principal en términos de demandas era una especie de vecinalismo de petición, centrado en la reivindicación de obras
públicas para el mejoramiento del barrio que habitaban.
Un proceso similar se vivió por aquellos años en la Ciudad de
Buenos Aires. Al proceso de migración interna se le sumaron los nuevos
medios de transporte, la extensión del pavimento y los loteos de tierras
baldías; fenómenos todos que, en conjunto, hicieron que muchos trabajadores abandonaran los conventillos del centro y se trasladaran a la
periferia de la ciudad. Así nacieron numerosos barrios, como Almagro,
Caballito, Flores, Belgrano, Pompeya, Mataderos y Villa Urquiza. Estos
factores, combinados con la paulatina ampliación de la participación
política y la necesidad de acelerar la extensión de los servicios urbanos,
impulsaron el surgimiento de asociaciones de fomento, clubes de barrio
y bibliotecas populares, todos ellos verdaderos espacios que respondían
a la “recreación, educación y sociabilidad que se iban generando en el
seno de la sociedad barrial” (Thompson, 1995: 51-52).
No obstante, el objetivo prioritario del fomentismo –no siempre
reconocido por sus dirigentes– no era tanto el desarrollo de la “cultura
popular”, como el convertirse en portavoces de las demandas edilicias
ante el gobierno municipal o provincial. La instalación de los principales servicios públicos, en especial los de transporte y electricidad, constituía
un reclamo de los habitantes del barrio que se nucleaban cada vez más
en torno a estas organizaciones, en la medida en que se incrementaba el
desfasaje entre sus expectativas vecinales y la capacidad de realización
de obras de infraestructura por parte del Estado. Cabe destacar, además, que la estructura organizativa propia de las sociedades de fomento
era jerárquica, basada en una Dirección Ejecutiva elegida, por lo general, sobre la base de una lista única, que garantizaba la reelección por
varios mandatos consecutivos de sus referentes máximos.
Con la consolidación del populismo, la regulación de las asociaciones vecinales por el Estado se intensifica, tendiéndose a la captación
de lo social en parámetros estatales (González Bombal, 1995: 68). 4
Los sucesivos gobiernos civiles y militares no hacen sino disminuir aún más
el poder autónomo de las organizaciones barriales, intentando que su
rol se restrinja al de meros apoyos de un régimen restrictivo, teniendo
como horizonte una concepción corporativa de la acción política. Durante la presidencia de Videla se llega incluso a prohibir a las asociaciones fomentistas la posibilidad de federarse, y a las comisiones barriales
se les prohíbe integrar autoridades de las sociedades de fomento.
A partir de finales de 1982, con los llamados “vecinazos” producidos en el sur de la provincia de Buenos Aires a raíz del incremento de
la tasa de alumbrado, barrido y conservación de la vía pública, emergen
dirigentes y organizaciones barriales que tienden a desbordar la dinámica institucional propia de las sociedades de fomento tradicionales. 5

No obstante este crecimiento y radicalidad (reflejados en su entendimiento de la política como algo constitutivo del movimiento, así como
en estructuras de funcionamiento más horizontales y democráticas),
sus demandas tendían a restringirse –en tanto ciudadanos “contribuyentes”– a un interés inmediato como vecinos-propietarios, solicitando
una razonabilidad por parte de las autoridades municipales en el cobro
de los impuestos (González Bombal, 1989).
Durante los años noventa no se produjeron grandes protestas
vecinales, aunque sí se vivieron situaciones en las cuales habitantes
de varios barrios capitalinos manifestaron su descontento frente a incumplimientos por parte de las autoridades de los servicios públicos o

Su característica principal en términos de demandas era una especie de vecinalismo de petición, centrado en la reivindicación de obras
públicas para el mejoramiento del barrio que habitaban.
Un proceso similar se vivió por aquellos años en la Ciudad de
Buenos Aires. Al proceso de migración interna se le sumaron los nuevos
medios de transporte, la extensión del pavimento y los loteos de tierras
baldías; fenómenos todos que, en conjunto, hicieron que muchos trabajadores abandonaran los conventillos del centro y se trasladaran a la
periferia de la ciudad. Así nacieron numerosos barrios, como Almagro,
Caballito, Flores, Belgrano, Pompeya, Mataderos y Villa Urquiza. Estos
factores, combinados con la paulatina ampliación de la participación
política y la necesidad de acelerar la extensión de los servicios urbanos,
impulsaron el surgimiento de asociaciones de fomento, clubes de barrio
y bibliotecas populares, todos ellos verdaderos espacios que respondían
a la “recreación, educación y sociabilidad que se iban generando en el
seno de la sociedad barrial” (Thompson, 1995: 51-52).
No obstante, el objetivo prioritario del fomentismo –no siempre
reconocido por sus dirigentes– no era tanto el desarrollo de la “cultura
popular”, como el convertirse en portavoces de las demandas edilicias
ante el gobierno municipal o provincial. La instalación de los principales servicios públicos, en especial los de transporte y electricidad, constituía
un reclamo de los habitantes del barrio que se nucleaban cada vez más
en torno a estas organizaciones, en la medida en que se incrementaba el
desfasaje entre sus expectativas vecinales y la capacidad de realización
de obras de infraestructura por parte del Estado. Cabe destacar, además, que la estructura organizativa propia de las sociedades de fomento
era jerárquica, basada en una Dirección Ejecutiva elegida, por lo general, sobre la base de una lista única, que garantizaba la reelección por
varios mandatos consecutivos de sus referentes máximos.
Con la consolidación del populismo, la regulación de las asociaciones vecinales por el Estado se intensifica, tendiéndose a la captación
de lo social en parámetros estatales (González Bombal, 1995: 68). 4
Los sucesivos gobiernos civiles y militares no hacen sino disminuir aún más
el poder autónomo de las organizaciones barriales, intentando que su
rol se restrinja al de meros apoyos de un régimen restrictivo, teniendo
como horizonte una concepción corporativa de la acción política. Durante la presidencia de Videla se llega incluso a prohibir a las asociaciones fomentistas la posibilidad de federarse, y a las comisiones barriales
se les prohíbe integrar autoridades de las sociedades de fomento.
A partir de finales de 1982, con los llamados “vecinazos” producidos en el sur de la provincia de Buenos Aires a raíz del incremento de
la tasa de alumbrado, barrido y conservación de la vía pública, emergen
dirigentes y organizaciones barriales que tienden a desbordar la dinámica institucional propia de las sociedades de fomento tradicionales. 5

No obstante este crecimiento y radicalidad (reflejados en su entendimiento de la política como algo constitutivo del movimiento, así como
en estructuras de funcionamiento más horizontales y democráticas),
sus demandas tendían a restringirse –en tanto ciudadanos “contribuyentes”– a un interés inmediato como vecinos-propietarios, solicitando una razonabilidad por parte de las autoridades municipales en el cobro de los impuestos (González Bombal, 1989).
Durante los años noventa no se produjeron grandes protestas
vecinales, aunque sí se vivieron situaciones en las cuales habitantes
de varios barrios capitalinos manifestaron su descontento frente a incumplimientos por parte de las autoridades de los servicios públicos o del gobierno. Tal es el caso del prolongado “apagón” sufrido en pleno
verano de 1999 por vecinos de los barrios de Almagro, Boedo, Parque
Patricios, Once, Congreso, Constitución, San Cristóbal, San Telmo,
Puerto Madero y San Nicolás. En aquella ocasión, cientos de usuarios
llegaron a cortar, en varias oportunidades, calles y avenidas, incendiando neumáticos y bolsas de basura como modalidad de protesta frente
a la negligencia de la empresa Edesur y la inoperancia del gobierno
nacional y municipal (Ouviña, 2001). Aunque no llegaron a articularse
gestando algún tipo de organización territorial (salvo el caso de los
vecinos de Boedo que crearon una especie de foro de debate barrial),
el hecho puede ser visto, en parte, como un antecedente del profundo
descontento que tiempo después desencadenaría la rebelión popular del
19 y 20 de diciembre de 2001.
Hecho este breve racconto, consideramos que la emergencia de
las asambleas en los distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires constituye un quiebre –o cambio cualitativo– con respecto a los
diferentes casos mencionados, debido a que gran parte de sus prácticas,
como veremos, tienen como objetivo satisfacer necesidades públicas, a
través del fortalecimiento de la “sociedad civil”, entendida como una tercera esfera entre el Estado y el mercado (Bresser Pereira y Cunill Grau,
1998)6
Precisamente, una de nuestras hipótesis es que ellas operan desde
una lógica inversa al “fomentismo” antes descripto: la intervención vecinal, lejos de menguar, en muchas ocasiones se amplía e intensifica en la
medida en que se logran ciertos objetivos consensuados a nivel comunitario en la propia asamblea. Esta creciente apertura de procesos decisorios
y autogestivos en el ámbito social nos obliga a repensar –a la vez que
distinguir– las nociones tradicionales de Estado y espacio público.
Las asambleas –en tanto instancias de “desprivatización” de lo
social– permitirían recuperar la idea de lo “público” como algo que
excede a (y hasta se contrapone con) lo propiamente estatal 7.
El hecho de que la mayoría de ellas funcionen en ámbitos abiertos, en muchos casos reapropiándose de terrenos anteriormente sumidos en una lógica privada 8, no hace más que reafirmar esta hipótesis. La recuperación
activa de lo “público”, tan imprescindible para la superación de la dinámica mercantil propia de la sociedad capitalista, es practicada a diario
por los vecinos-asambleístas. 9 Reformulando el planteo del movimiento
feminista, podría decirse que “lo vecinal es político”. Así pues, aquello
que tanto desde el Estado como desde el mercado es considerado un
problema individual emerge como una cuestión colectiva, a resolver en
el ámbito de la comunidad. Se quiebra así uno de los pilares básicos
para el triunfo del neoliberalismo.
La política –entendida en su más amplio sentido– se reinscribe en
lo barrial, al calor de la lucha y la construcción constante10. Este interés se ha materializado en la constitución de Comisiones de Trabajo 11 que abordan una multiplicidad de cuestiones a niveles micro y macrosocial, dinamizando el debate y, sobre todo, las acciones llevadas a cabo desde ese
territorio en disputa permanente –o espacio vivido– que es el barrio12.
Esta y otras características que desarrollaremos más adelante
nos permiten definir a las asambleas vecinales como ámbitos de construcción de un espacio “público no estatal”. Veamos, por último, el contexto inmediatamente previo en el cual emergen, para así comprender
de manera más cabal sus dimensiones principales.

3) En el resto de América Latina, dejando de lado las Asambleas Populares surgidas al calor de la insurrección de masas de 1952 en Bolivia, podemos enumerar una serie de organizaciones y movimientos barriales que nacieron, durante las décadas del setenta y ochenta, de la lucha
por satisfacer necesidades concretas, “logrando articular los intereses propios frente al Estado”
(Harnecker, 1987: 120-123).

Sin embargo, a diferencia de las asambleas vecinales argentinas,
estas organizaciones están constituidas por pobladores en “situaciones de emergencia” que les imponen –en la mayoría de los casos– buscar soluciones de corto plazo. Los casos más recientes y similares son, por un lado, el de la Asamblea de Barrios constituida en 1987 en México y,
por el otro, el de la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad boliviana de El Alto, la cual, si bien fue conformada en 1957, cobró suma relevancia en el contexto de la insurgencia aymara y popular de octubre de 2003, como red articuladora de micro gobiernos barriales.

4 También podemos mencionar, por esta época, el surgimiento de las “unidades básicas” peronistas como nuevas organizaciones territoriales de raigambre popular, que en la práctica se superponen –dada su concepción comunitaria e integradora– con las entidades fomentistas ya existentes (García Delgado y Silva, 1989: 220).

5 Se podría afirmar que las prácticas constitutivas de estas organizaciones vecinales son lo más cercano a las de las actuales asambleas barriales, por cuanto toman “en sus manos la resolución de problemas ligados a la reproducción cotidiana de sus condiciones de vida […] cuestionando
en mayor o menor medida la presencia o ausencia del Estado” (Jelin, 1987: 22).

6 Somos conscientes de que, tal como expresa Ruth Cardoso (1997), si bien el concepto de tercer sector describe un espacio de participación y experimentación de nuevos modos de pensar y hacer sobre la realidad social, “es un campo marcado por una irreductible diversidad de actores y formas de organización”. En el caso de las asambleas barriales, esto se
vislumbra especialmente en la heterogeneidad generacional y social de sus miembros.

7 A modo de ejemplo, vale la pena señalar que esto resulta de particular importancia en la discusión actual sobre qué hacer con las empresas privatizadas. Si bien la mayoría de las organizaciones populares propone su “reestatización”, cabe pensar en formas alternativas de control social directo, sobre la base de la expansión de instancias democráticas de gestión colectiva. Este debate ha aparecido en las reuniones realizadas en el marco de la campaña de las asambleas vecinales por el control y recuperación de los servicios y empresas públicas privatizadas, lanzada a mediados de 2002 por la Comisión de Privatizadas de la Interbarrial de Parque Centenario, con el objeto de recolectar firmas para la presentación de un “exigitorio”
de cinco puntos referidos a los derechos de los usuarios de los servicios públicos.

8 Un caso paradigmático ha sido el de la asamblea de vecinos autoconvocados de Villa Urquiza, que en sus inicios se reunía en la Plaza Echeverría. Al enterarse de que el supermercado Coto había usurpado unos terrenos baldíos cercanos a la estación de tren, decidieron derribar el alambrado y bautizar ese espacio como Plaza de los Vecinos, trasladando el lugar de encuentro de la asamblea. Desde ese entonces, allí se han realizado numerosas actividades (charlas-debates, festivales, etc.), e incluso se ha logrado también recuperar un local deshabitado –a cargo del Órgano Administrador de Bienes del Estado– ubicado frente al predio, con el objetivo de instalar allí un comedor comunitario y un centro cultural. De manera similar, la asamblea “20 de diciembre” de San Telmo recuperó un predio ubicado en San Juan y Cochabamba, en donde actualmente funcionan un club del trueque, reuniones de organizaciones sociales, ferias ambulantes y un sinfín de actividades más. Meses más tarde, la asamblea Popular de Paternal ha tomado un enorme lote municipal en Cucha Cucha al 2500, constituyendo allí un merendero, así como talleres de prevención de VIH y grupos de apoyo escolar. También las asambleas de Palermo Viejo, Almagro, Villa Crespo, Cid Campeador y Lezama se reapropiaron en sus respectivos barrios, con fines similares o complementarios (creación de huertas orgánicas, talleres de oficios para desocupados), de ex bancos, oficinas estatales o centros de abastecimiento en desuso. Como veremos en el apartado del artículo referido a la experiencia de los predios “recuperados”, en algunos casos (Lezama Sur y Villa Crespo), luego de meses de trabajo territorial, han sido desalojados por orden de la justicia.

9 Es interesante, al respecto, reproducir lo que un asambleísta de la zona norte de Capital Federal escribió en un mail de comunicación inter-asamblearia: “A este nuevo espacio acuden los parecidos y los diferentes, los de siempre y los de ahora, los sensibles y los duros, los dogmáticos y los poetas, los simpáticos y los serios, los impacientes y los tranquilos y también los desesperados. A diferencia del shopping, en estos espacios tenemos relaciones con el semejante (en todos los sentidos de la palabra), y esto es quizás lo fundamental de la asamblea, porque es a partir del vínculo con el semejante que podremos construir una comunidad que resista al individualismo imperante” (Quintar et al., 2003).

10 Tal como expresa la Asamblea de Scalabrini Ortiz y Córdoba (2002) en su Boletín Nº 3, “nos dimos cuenta de que no podemos salir de esta situación cada uno por la suya, que tenemos que hacer algo entre todos. Hemos dado el primer paso: romper el aislamiento”.
La práctica política –según ellos– excede por demás a la tradicional lógica gubernamental: “queremos meter la nariz y las manos en lo que siempre nos dijeron que era prerrogativa de otros: de los especialistas, nuestros ‘representantes’, los políticos profesionales”.

El preludio asambleario

Sería erróneo suponer que las asambleas barriales surgieron como consecuencia directa y unívoca de los acontecimientos sucedidos el 19 y
20 de diciembre de 2001. No obstante, podemos establecer esta fecha
como condensación de un momento histórico que da origen a la autoorganización vecinal, especialmente en barrios de la Ciudad de Buenos Aires y, en menor medida, del conurbano bonaerense y otras regiones
céntricas del país.13
El antecedente más próximo de prácticas asamblearias, dejando
de lado las experiencias que anteriormente enunciamos, lo constituyen
los numerosos grupos “piqueteros”, que en diversos barrios y rutas comenzaron a realizar, desde fines de 1996, un claro ejercicio de democracia directa. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de los MTD de la zona sur del Gran Buenos Aires14, uno de los primeros movimientos de desocupados surgidos al calor de las políticas neoliberales. De acuerdo
con uno de sus integrantes, al comienzo “una de las cosas que más
cautivó fue la forma organizativa, que todo se manejara en asambleas,
que nadie tuviera el cargo comprado, que todos fueran removibles”
(MTD-CTD Aníbal Verón, 2000: 4). De manera análoga, un compañero
del MTD de Solano afirma lo siguiente:

“La asamblea es el órgano que tiene la mayor importancia, es
el lugar donde se discuten las propuestas, donde se toman las
principales decisiones: los planes de lucha, la creación de nuevas áreas, la elección de delegados para cada barrio (Colectivo
Situaciones, 2001: 26).
Por su parte, el Movimiento Teresa Rodríguez, integrante del Bloque
Piquetero Nacional, expresa lo siguiente en su “Libro Celeste” (especie
de manifiesto fundacional):
El alma de nuestro Movimiento son los Cabildos (asambleas).
Quienes integramos el MTR gobernamos y deliberamos a través de nosotros mismos. No delegamos en nadie ni el gobierno
ni nuestra capacidad de deliberar. Nos reunimos en Cabildos y
decidimos por consenso o por mayoría qué se hace o se deja de
hacer. Además, elegimos entre nosotros a los compañeros que
consideramos los más capaces para encabezar la ejecución –y
sólo la ejecución– de lo resuelto.”

Siguiendo a Ana Dinerstein, podemos entonces afirmar que “la energía y
los espacios ganados con las luchas que surgieron contra la violencia de la
estabilidad, herederas de una historia de resistencia en Argentina, dieron
forma a la insurrección de diciembre” (2002: 24). En efecto, previo a estas
jornadas, se sucedieron una multiplicidad de hechos de enorme envergadura que concluirían el 19 y 20 de diciembre de 2001 su ciclo de ascenso.
Merece destacarse, sin duda, la creciente relevancia que asumen los cortes de ruta efectuados por trabajadores desocupados y, en menor medida,
ocupados. Esta nueva modalidad implica una sustancial transformación
de la forma de protesta en la Argentina, que trae como consecuencia la
emergencia de un nuevo actor social y político en la segunda mitad de
la década del noventa: el movimiento piquetero. La conflictividad irá en
ascenso hasta adquirir dimensión nacional en julio y agosto de 2001,
meses antes del estallido popular. Cabe destacar que, en los sucesivos
piquetes, la dinámica asamblearia devino no sólo en órgano de decisión
política, sino en auténtico dispositivo de regulación de la vida, tomando
como parámetro la solidaridad y el compañerismo. De esta manera, tal
como expresa Pablo Perazzi (2002: 56), poco a poco el piquete “deja de
representar únicamente una medida de acción directa –y por lo tanto
de duración limitada–, expresando cada vez más un modo de organización relativamente estable que suele exceder la inmediatez del reclamo
puntual”, buscando tornar visibles idearios político-sociales, a través del
traslado de la oscura realidad barrial a una geografía pública.
Asimismo, a las sucesivas acciones de protesta bajo la modalidad de
“apagones”, contra las arbitrariedades cometidas por las empresas públicas
privatizadas (evidenciadas en la explosiva combinación de una deficiente
prestación del servicio y la imposición de aumentos tarifarios), cabe agregar el hecho de que en los comicios legislativos del 14 de octubre el llamado
“voto bronca” resultó primera fuerza en la Ciudad de Buenos Aires y Santa
Fe, registrando un incremento, sin antecedentes en la historia, en el resto
del país. A pesar de existir cerca de veinte propuestas en cada uno de los
distritos, un considerable porcentaje de votantes optó por votar en blanco,
anular el sufragio o directamente no participar del acto electoral. Sobre
un padrón de 24.883.991 votantes, 10.218.924 no habían elegido candidatos (Camarasa, 2002: 12). Casi 1.400.000 personas, además, votaron por
partidos de izquierda (Clarín, 2001: 20). A esto se sumó la confiscación de
ahorros realizada por el gobierno nacional desde el 3 de diciembre, hecho
que generó un profundo malestar en alrededor de 3 millones de personas
que se veían imposibilitadas de extraer de sus cuentas corrientes y cajas de
ahorro más de 250 pesos por semana de dinero en efectivo.
Como respuesta al conjunto de medidas implementadas por
el gobierno, las tres centrales sindicales –Confederación General del
Trabajo (CGT) “oficial”, CGT “disidente” y Central de los Trabajadores

Argentinos (CTA)– convocan para el 13 de diciembre a un paro activo
nacional. Además de lograr un alto acatamiento, la jornada culmina
con varios incidentes, destacándose los cruentos enfrentamientos que
se producen entre la policía y numerosos desocupados en Neuquén.
En los sucesivos días, los “saqueos” y expropiaciones a comercios y
supermercados, que en un comienzo no eran más que focos aislados,
se generalizan a varias provincias argentinas, incrementando la espiral de violencia. Asimismo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
trabajadores pasantes de la empresa Telefónica de Argentina deciden
ocupar por esos días las oficinas centrales, en demanda de mejores
condiciones de empleo y contra la amenaza de despidos. Bajo este
delicado contexto, la consulta popular realizada entre el 13 y el 17 de
diciembre de 2001 por el Frente Nacional de Lucha contra la Pobreza (FreNaPo) logra convocar a más de 3 millones de personas. Esta
concurrencia masiva, así como el llamado “voto bronca” de octubre,
fueron claros indicadores del descontento generalizado de una porción importante de la población, y pueden leerse retrospectivamente
como antecedentes inmediatos del 19 y 20 de diciembre de 200115.
En cuanto a las jornadas mismas –conocidas popularmente como
el “argentinazo”–, han sido caracterizadas de la más diversa manera. Si
para algunos este “levantamiento popular” fue “el más preparado de todos los que lo antecedieron” (Altamira, 2002: 27), para otros, en cambio,
significó una “insurrección espontánea” (Cotarelo, 2002: 87). Por su parte, autores como Sanmartino y Romano (2002: 17) hablarán de “jornadas
revolucionarias”, en el marco de una suerte de empate transitorio –expresado como crisis hegemónica– entre las clases fundamentales en pugna.
Consideramos que, al margen de los aportes y/o deficiencias de
estas diferentes posturas16, nos acercamos más al planteo de concebir
aquel acontecimiento en tanto insurrección17 de masas, fundamental-mente contra las políticas gubernamentales, implicando en términos
históricos un punto de “no retorno”. Con ella se cierra definitivamente
un ciclo iniciado –a escala nacional– el 24 de marzo de 1976 con el terrorismo de Estado, y continuado (más allá de los avances y retrocesos)
durante los sucesivos gobiernos civiles de Alfonsín, Menem y De la Rúa,
a lo largo del cual los sectores subalternos no logran trascender, más allá
de breves interregnos, su accionar defensivo.
En cuanto al debate en torno al carácter espontáneo de la revuelta, podemos expresar, siguiendo a Negri (1994: 361), que “la espontaneidad no es un hecho negativo; al contrario, es el resultado de
experiencias y de luchas pasadas, inteligencia que se hace cuerpo y
voluntad y que por eso se convierte en activación insurreccional”. A
esto aludía Antonio Gramsci (1998: 327) cuando manifestaba que en
la historia nunca se da la espontaneidad pura, ya que ella coincidiría
con la mecanicidad “pura”. Por ello, hasta en el movimiento “más espontáneo” existen elementos de dirección consciente; lo que ocurre es
que estos no han dejado huellas o documentos identificables. Tal es
el caso del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando lo que pasó fue que
convivieron una multiplicidad de elementos, sin que ninguno de ellos
tendiera a predominar. Por otra parte, si espontaneidad se entiende en
su sentido etimológico (del latín, sponte, es decir, que se hace libre o
voluntariamente, sin causa externa), entonces los acontecimientos que
quebraron la institucionalidad burguesa en diciembre de 2001 fueron
más luxemburguistas que leninistas clásicos.
Ambas jornadas tuvieron, además, un componente social sumamente amplio, destacándose el 20 de diciembre la presencia juvenil. Es
de resaltar, asimismo, la ausencia tanto de organizaciones sindicales
como de movimientos piqueteros. De ahí que, si bien el detonante inicial de la rebelión fue la declaración del Estado de Sitio, que se sumaba
a la falta de medidas oficiales concretas para paliar los efectos negativos
del “corralito”, no deba descontarse toda la serie de acontecimientos
antes mencionados, que supusieron una lenta acumulación de fuerzas
que culminó con la caída –por primera vez como consecuencia de una
agitación de masas– del gobierno civil.

11 Sin duda, merece destacarse el papel jugado por la Comisión Multisectorial de la Asamblea de San Cristóbal, en conjunción con el Hospital Ramos Mejía: trabajadores, pacientes, médicos y vecinos han decidido afrontar de manera colectiva la emergencia sanitaria que
vive el barrio, reconociendo las autoridades el derecho de la comunidad a intervenir en la organización hospitalaria. En los últimos meses han abierto un consultorio gratuito para desocupados que atiende tres veces por semana, en paralelo a la elaboración de un vademécum de genéricos. No obstante, en la mayoría de los casos, los organismos estatales se muestran reticentes a llevar adelante el Programa de 26 Puntos levantado por Intersalud–instancia representante del conjunto de las Comisiones de Salud de las asambleas barriales–,entre los que se destacan la producción “desmercantilizada” de medicamentos, el control sobre los insumos y el presupuesto por parte de los usuarios y trabajadores de la salud, la
instauración de un “boleto sanitario” que posibilite que el conjunto de la población tenga acceso real a una atención gratuita, así como el inmediato nombramiento de todos los cargos, congelados desde hace años en casi la totalidad de los hospitales.

12 De acuerdo con Ana Esther Ceceña (2000), el territorio es “espacio de síntesis de la disputa por la cultura y los derechos humanos, sociales y políticos de todos los miembros de la sociedad y no sólo de los ‘representantes institucionalizados’, y es el eje de una confrontación
civilizatoria entre la mercantilización de la vida bajo todas sus formas que impulsa el neoliberalismo y la sociedad del respeto a la diferencia, con democracia, libertad y justicia, y en la que quepan todos los mundos”, adquiriendo además sentido y significación a partir de su relación
con los procesos sociales. La organización social del territorio es, asimismo, “un espacio de confrontación en el que se cruzan modalidades y dimensiones distintas de acumulación de capital, así como concepciones societales de temporalidades y legalidades también distintas.
Este privilegio semiótico de lo territorial –entendido como construcción social– le confiere un lugar metodológico esencial en la comprensión de las dinámicas sociales y, dentro del horizonte capitalista, particularmente de las económicas”. La dinámica de la competencia lleva a desdoblar el espacio territorial entre aquello que es considerado útil y lo superfluo, rentabilizando el espacio con todos los elementos que lo componen. El territorio se reduce así a “la suma de sus elementos rentables o a sus potencialidades geoestratégicas”. Podemos concluir entonces
que, a contrapelo de las concepciones dominantes, el territorio no se restringe a lo meramente físico, aunque por supuesto lo incluye. También contiene las múltiples prácticas e historias de vida que constituyen la subjetividad de la comunidad que lo habita.

13 Aun cuando nuestra investigación hace “foco” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, huelga aclarar que, especialmente en la zona norte y sur del conurbano, las asambleas barriales han tenido –y en muchos casos aún tienen– una presencia notable, sobre todo en lo referente a las luchas en contra de la contaminación medio-ambiental, en el caso de
las asambleas de Wilde (con respecto a la empresa tercerizada de recolección de residuos CEAMSE) y Avellaneda, Sarandí y Dock Sur (denunciando al Polo Petroquímico radicado en la región); la represión policial e institucional; y la privatización de espacios y tierras
públicas, en el de las asambleas de Carapachay, Vicente López, Florida Este, Munro y Villa Martelli. También en Rosario y Córdoba capital se ha constatado, desde mediados de 2002, una dinámica asamblearia similar.

14 Nos referimos a los Movimientos de Trabajadores Desocupados de carácter autónomo,
entendiendo por tales a aquellos que, desde una construcción territorial cotidiana de nuevas
relaciones sociales, no dependen de ningún partido político ni central sindical.

15 Vale la pena mencionar que el 18 de diciembre de 2001, día previo a estas masivas jornadas de protesta, la fábrica textil Brukman –que durante 2002 y 2003 se convertirá en uno de los espacios “recuperados” que más acciones y sentimientos de solidaridad genera en el seno de los movimientos sociales– era ocupada por sus trabajadoras.

16 Podríamos afirmar que varias de ellas parecen olvidar la advertencia realizada al respecto por Antonio Gramsci: “La realidad abunda en combinaciones de lo más raro, y es el teórico el que debe identificar en esas rarezas la confirmación de su teoría, ‘traducir’ al lenguaje teórico los elementos de la vida histórica, y no, al revés, exigir que la realidad se presente según el esquema abstracto” (1998: 330).

17 Siguiendo a Antonio Negri (2001: 84), podemos definir a la insurrección como “la forma de un movimiento de masas que resiste, cuando deviene activo en poco tiempo, o sea cuando se concentra sobre algunos objetivos determinados y determinantes: ello representa la innovación de las masas de un discurso político común. La insurrección hace confluir las distintas formas de resistencia en un único nudo, las homologa, las dispone como una flecha que atraviesa en forma original el límite de la organización social establecida, del poder constituido. Es un acontecimiento”.

Cartografía de las asambleas barriales
Surgimiento territorial y ubicación geográfica

Según relatan los vecinos protagonistas del 19 y 20 de diciembre de
2001, ya en esos días se comienzan a reunir en plazas, monumentos y
esquinas cientos de hombres y mujeres que, en función de la cercanía
territorial, confluyen en puntos neurálgicos de cada uno de los barrios
capitalinos. Ezequiel, de la asamblea del Cid Campeador, describe el
surgimiento de esta de la siguiente manera:

En las cercanías del Cid, una chica de 19 años se enteró de que
en otros barrios comenzaban a organizarse asambleas. Fue a
ver cómo funcionaban, y se le ocurrió que nuestro barrio necesitaba una. Con la ayuda de una amiga y de un comerciante de
la zona de unos 60 años, pegó carteles invitando a una reunión
para el viernes siguiente. Muchos vecinos, entre ellos yo, vieron
esos carteles y decidieron concurrir. Así nació la Asamblea Popular del Cid Campeador, que funciona semanalmente desde
el 11 de enero (Adamovsky, 2002: 48).

La caracterización de la situación inicial se asemeja a la realizada por
numerosos asambleístas consultados. A modo de ejemplo, podemos reproducir el caso de la asamblea de Plaza Palermo Viejo. El siguiente es
un breve relato brindado por sus integrantes.

En el barrio algunos vecinos nos reunimos por primera vez el
lunes 28 de enero de 2002, en la esquina de Thames y Nicaragua. La asistencia a la convocatoria fue en aumento, hasta que
se resolvió cambiar el lugar de reunión. Decidimos entonces
trasladarnos a la plaza que lleva el nombre del barrio. El cambio de espacio finalmente se concretó el 18 de febrero y en esa
misma reunión se decidió el nombre que hoy nos identifica
(Asamblea de Plaza Palermo Viejo, 2002: 2).

No hay, por lo tanto, coincidencia total sobre el momento en el cual se
gestó la primera asamblea vecinal: mientras algunos la ubican en el
barrio porteño de Floresta a finales del mes de diciembre (Colectivo
Situaciones, 2002: 174), otros postulan como instante fundacional el
propio miércoles 19 a la noche en San Martín y Juan B. Justo, barrio
de Paternal (Guerrero, 2002: 54). Sin embargo, de acuerdo con nuestra
investigación, muchas datan –si bien todavía sin nombre ni consistencia plena– de días antes del estallido, como las reuniones llevadas a
cabo por los vecinos del barrio de Liniers, o los autoconvocados de San
Cristóbal. Pero más allá de la discusión que este contrapunto generó,
lo cierto es que podemos afirmar que la inmensa mayoría de las asambleas surgieron con posterioridad al 19 y 20 de diciembre de 2001, más
específicamente hacia finales de diciembre y todo el mes de enero de
2002, al menos en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya
a partir de febrero y marzo comienzan a funcionar de manera plena
las diferentes comisiones que dinamizan el debate surgido en las asambleas, favoreciendo así “el proceso de recuperación de la capacidad de
acción” de las mismas (Svampa, 2002a: 57).
Por otro lado, con respecto a la ubicación geográfica de las asambleas, podemos mencionar que, al menos en los primeros meses de

emergencia, casi la mitad de ellas se encuentran en la ciudad capitalina (donde viven uno de cada diez habitantes del país), mientras que el
resto se distribuyen mayoritariamente en la provincia de Buenos Aires
y, en menor medida, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, La
Pampa, Neuquén y San Juan (Pereyra, 2003). Cabe agregar que, en
el caso específico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la mayor
concentración se ubica en aquellos barrios cuya composición social
es predominantemente de clase media, tales como Belgrano, Palermo,
Almagro y Flores18. En las regiones periféricas de la Capital Federal
(Pompeya, Villa Luro, Villa 31, Villa Soldati) su número es mucho más
reducido, registrándose en casi la totalidad de estos barrios sólo una
asamblea permanente. No obstante, es importante no absolutizar estos
datos, ya que en algunos barrios con mayor poder adquisitivo también
se verifican escasas asambleas (Recoleta). Consideramos que la composición social es uno de los factores relativos, aunque desde ya no el
único, que influye en la proliferación o no de una mayor cantidad de
asambleas. Otros condicionantes que pueden mencionarse a modo de
ejemplo son la existencia o no de organizaciones vecinales previas, con
trabajo territorial en la zona, así como el carácter espontáneo o no del
surgimiento de cada asamblea (es decir, si fue convocada desde un
comienzo por partidos políticos o referentes de agrupaciones no gubernamentales, o por el contrario se gestó como consecuencia directa de
los sucesivos “cacerolazos”).
Sería infructuoso reseñar la totalidad de asambleas existentes
en los diferentes barrios que componen la ciudad. Mientras algunas
de ellas han sido disueltas, muchas se han fracturado, al tiempo que
otras han decidido fusionarse. No obstante, en su mayoría todavía
continúan funcionando y realizan múltiples actividades. Incluso en
el transcurso de la segunda mitad de 2002 y comienzos de 2003 se
han creado nuevas asambleas, producto de rupturas o de la propia
iniciativa de vecinos autoconvocados.

La composición social de las asambleas: una multiplicidad
en movimiento

Siguiendo a Maristella Svampa, podemos decir que tanto amplios sectores de las clases medias como grupos de jóvenes “encontraron su
espacio de articulación –bajo la forma de la convergencia o del conflicto
latente– en las asambleas” (2002b: 29). No obstante esta primera gran
definición, debemos aclarar que, tanto en diferentes estudios efectuados (Quintar et al., 2003; Svampa et al., 2002; Fernández et al., 2002)
como en las entrevistas realizadas, se refleja una compleja multiplicidad en términos de edades, género, inserción laboral, nivel educativo o
experiencias políticas previas. Así pues, una de las características distintivas de las asambleas es su alto grado de heterogeneidad, que, lejos
de suponer un eclecticismo caótico y amorfo, emerge en tanto diálogo
permanente y transversal entre las diversas prácticas y corrientes de
opinión al interior del campo popular. En este tipo de espacios (auto)
organizativos, cientos de vecinos y vecinas confluyeron en pos de un
proyecto colectivo diverso, que se delinea en su propia acción cotidiana
como una instancia fundamental de aprendizaje (con)vivencial.
Ligado a esta cuestión, un tema que generó mucha discusión
desde el origen mismo del movimiento fue su carácter vecinal. Algunos autores han planteado que esto no hace más que expresar el
contenido pequeñoburgués de esta instancia organizativa: la categoría de vecino –afirman– subsume y opaca la clásica dicotomía entre
capital y trabajo, o bien entre burguesía y proletariado. Sin embargo,
creemos que la recuperación de una palabra tan bastardeada como la
de “vecino” contiene numerosas potencialidades. Merecen destacarse
las siguientes.

–La noción se vincula con la idea de territorialidad. Esto puede
observarse también en el movimiento piquetero, pero no sólo en
él, ya que tanto los zapatistas chiapanecos como el Movimiento
de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil arraigan gran parte
de sus luchas en la recuperación de un espacio a nivel colectivo,
en paralelo a la recomposición de los lazos de solidaridad rotos
por el Estado y la dinámica fragmentaria del mercado. El vecino
no necesita, pues, hacer “entrismo” en su barrio. Sería sencillamente un contrasentido.

–El vecindario permite asumir un compromiso de lucha que, hoy
en día, a raíz de la reestructuración capitalista de las últimas
décadas, se torna cada vez más difícil en el ámbito laboral. Frente
a una tasa de desocupación y subocupación enorme, y una flexibilización galopante, muchos hombres y mujeres encuentran en
el barrio un espacio propicio para la construcción de una contrahegemonía social, política y cultural.

La organización interna y sus dinámicas de funcionamiento

La organización de cada asamblea, más allá del barrio, tiene características similares, que podemos sintetizar de la siguiente manera: ausencia de una estructura interna con cargos permanentes, dinámica de
exposición y posterior debate coordinado, por lo general, por un vecino rotativo, designado por la propia asamblea 19. Además de este plenario general en el que se delibera sobre problemáticas nacionales pero también
aquellas restringidas al barrio, fueron surgiendo, con el correr del tiempo, comisiones temáticas –prensa, salud, compras comunitarias, política
y economía, etc.–, con el objetivo de operativizar las acciones discutidas
semanalmente (Quintar et al., 2003). En algunos casos, estas instancias
llegaron a autonomizarse al punto de constituir un colectivo con una
dinámica propia con respecto a la reunión asamblearia semanal 20.
Con referencia a los numerosos debates generados en torno a las
limitaciones y potencialidades de la democracia directa, las asambleas
han dado cuenta de esta tensión en sus propias prácticas. Desde sus
orígenes, fueron conscientes de que la horizontalidad, si bien imprescindible para la construcción permanente de nuevos vínculos, no puede, bajo ningún concepto, devenir en un “fetiche” remedio de todos los males 21. Antes bien, es necesario combinar los métodos de participación y
discusión colectiva con los de la designación rotativa de delegados, que
permitan llevar a cabo las actividades consensuadas con los vecinos.
Esta forma de construcción no implica, sin embargo, la generación de
liderazgos ni la escisión entre dirigentes y dirigidos. Tampoco, reificar una falsa dicotomía entre representación política y democratismo
acérrimo, principal “caballito de batalla” de los impugnadores de la
forma asamblearia. A contrapelo, las múltiples comisiones de trabajo,
Mesas de Enlace, Encuentro de Asambleas Autónomas y respectivas
Interzonales por barrio demuestran cuán equivocados están quienes
interpretan como caótico y desarticulado a este espacio comunal. No
están ausentes en él, por supuesto, las contradicciones. Aquí radica,
aunque pueda resultar paradójico, uno de los sustanciales aportes de
las asambleas: lejos de intentar saldarla –o anularla lisa y llanamente–,
han decidido poner la contradicción en movimiento, echarla a andar
para que, en la misma dinámica de la lucha y la discusión, pueda ir
constituyendo un motor para la creación de lo nuevo, sustentada por
recursos y fuentes no convencionales que potencian la desobediencia civil. Sepultar la soberbia política ha sido uno de los objetivos prioritarios de las asambleas. Al parecer, en el transcurso de este tiempo, los
partidos y organizaciones tradicionales fueron los menos permeables
a esta tarea quijotesca que plasma en la praxis misma una profunda
autocrítica con relación a las formas de in(ter)vención política.
Cabe agregar que, en especial a partir de 2003, casi la totalidad de
las asambleas han dejado de votar para la toma de decisiones, llegando
a acuerdos generales basados en el consenso. Consideramos que esto
no anula la diversidad ontológica que cada espacio asambleario cobija,
sino que evidencia una notable madurez social ligada a una nueva forma
de construcción basada en la confianza, el respeto y la escucha de esa
pluralidad de voces habitada por el hacer-pensar, estando contenidos los
fines propuestos en los propios medios de construcción. Se ha pasado, en
palabras de un vecino de la asamblea Gastón Riva de Caballito, “de la
declamación a la pregunta”. De esta manera, la práctica militante, lejos
de ser obturada por lo afectivo, se ha ido nutriendo de ello, dando origen
así a una amalgama de acciones cooperantes, en donde el deseo no se
contrapone sino que confirma la validez de la creación política por parte
de esta congregación de voluntades críticas, que reniega de aplazar para
“después de la revolución” la consolidación de vínculos fraternales.

19 Esta dinámica parece haberla advertido el diario La Nación (2002), alertándonos desde su editorial sobre el peligro de que las asambleas puedan “acercarse al sombrío modelo de decisión de los soviets”.

20 A modo de ejemplo, podemos mencionar los casos de la Cooperativa de Trabajo “La Cacerola” (que surgió de la comisión de desocupados de la asamblea de Plaza Almagro, y hoy se ha desvinculado totalmente de ella, integrándose al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas) y el Taller Popular de Serigrafía (grupo de intervención artística creado en
el marco de la asamblea Popular Plaza Dorrego, que ha devenido un colectivo con plena autonomía con respecto a esta asamblea del barrio de San Telmo).

21 Al respecto, cabe señalar que, si bien la inmensa mayoría de las asambleas funcionan de manera totalmente horizontal, existen algunas pocas en las que se ha constituido una especie de Comisión Directiva o instancia decisional superior.

La vinculación con otros actores sociales y políticos

Otro aspecto que merece destacarse es la relación o vínculo que las
asambleas barriales han generado desde su surgimiento. En primer
lugar, cabe mencionar al Estado, no solamente como interlocutor sino
también en tanto antagonista político. Resulta claro que, más allá de
ser reacias, nunca fueron totalmente ajenas con respecto al Estado22:
de manera análoga al movimiento piquetero, tres son las formas de
“vinculación” de las asambleas con respecto a lo estatal.

– Reapropiación colectiva de las energías expropiadas por la forma-Estado a la comunidad (gestión democrática de espacios y
servicios públicos, apertura de merenderos, etcétera).

-Cooptación institucional (por ejemplo, a través de los Centros de
Gestión y Participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires u otras instancias estatales) 23.

Represión manifiesta (como la sufrida por los vecinos de la
asamblea de Merlo) o latente (amenazas reiteradas de Eduardo
Duhalde y el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, denunciando que “con asambleas en la calle no es posible gobernar”)24.

En el caso específico de las asambleas de la Capital Federal, la relación más
frecuente la establecen con el Gobierno de la Ciudad, a través de sus diferentes instituciones. Los Centros de Gestión y Participación, ubicados en
cada uno de los barrios, son un referente permanente a la hora de exigir
demandas vecinales25. También la Comisión Municipal de la Vivienda y la
Secretaría de Promoción Social, debido a sus funciones asistenciales, tienden a recibir petitorios y propuestas por parte de las asambleas (bolsones de alimentos, subsidios habitacionales, etc.). De las entrevistas realizadas se deduce que casi la totalidad de ellas han tenido o mantienen en la actualidad un vínculo con el gobierno municipal, aunque en la mayoría de los casos este vínculo no implica subordinación o dependencia política con respecto a él.
En cuanto a los partidos políticos, coincidimos con Ana Fernández
en que la tensión asambleas/organizaciones partidarias es una de las
más presentes desde el comienzo mismo del proceso abierto con el 19
y 20 (Fernández et al., 2003). También, diversas son las estrategias que
han desplegado los partidos políticos para garantizar la dirección de las
asambleas en las cuales participan sus miembros26.

El tradicional intento de aparatear el espacio por parte de militantes que trazan su línea de acción al interior del partido, buscando luego imponer a la asamblea sus opciones.
El copamiento, es decir, la práctica de una organización que, explicitando su pertenencia, trata de llevar el movimiento de las asambleas de modo tal que confluya con sus intereses partidarios.

La infiltración, metodología empleada por afiliados a partidos
que participan de la asamblea sin mencionar su pertenencia,
pero tratan de influir en sus deliberaciones y acciones.

El amedrentamiento, estrategia propia de los sectores de derecha,
que puede ir desde el merodeo amenazante del lugar donde se
desarrolla la asamblea hasta la agresión física directa.

Teniendo en cuenta estas relaciones conflictivas, es importante destacar
que el recelo de muchos asambleístas con respecto a los partidos de izquierda no significa, per se, despolitización. Por el contrario, en muchos
casos supone un paso frustrado y traumático por sus asfixiantes filas. El
antes mencionado intento de aparateo de algunas agrupaciones quedó
abollado, desde el inicio, por la férrea voluntad de numerosos vecinos
con pasada experiencia militante, que encontraron nuevamente un ámbito de participación en las asambleas. Resulta sorprendente observar a
cientos de personas que promedian los cincuenta años debatir en plazas
y esquinas. Tres años atrás, la mayoría de ellos no trascendía tal vez de
la protesta individual frente al televisor o la noticia de tapa del diario.
Además, si bien denuncian y luchan contra el sometimiento y la opresión general, hacen un fuerte hincapié en desarticular las relaciones
de dominación locales y específicas que, aunque (o precisamente por)
invisibles y sutiles, garantizan la reproducción del orden existente día
a día. Esto ha sido olvidado por casi la totalidad de las organizaciones
populares, que reducen el combate a una mera disputa y acumulación
de fuerzas por el poder estatal, subestimando las redes capilares de
expropiación del hacer humano que operan cotidianamente.

En tercer lugar, podemos mencionar el caso de los cartoneros. Varias
asambleas, desde sus inicios, han tenido una íntima vinculación con este
actor social. La asamblea de Colegiales, por ejemplo, debido a su proximidad geográfica con el ramal del llamado Tren Blanco (destinado a trasladar exclusivamente a trabajadores cartoneros), ha realizado actividades junto con ellos. Durante el año 2002, se llevó a cabo una campaña de vacunación que dio resultados sumamente positivos, consiguiéndose además –luego de movilizaciones conjuntas de las asambleas de Colegiales, Palermo Viejo y Núñez-Saavedra– la autorización de acceso a la estación Carranza para los cartoneros, quienes se habían visto imposibilitados de ingresar a ella durante ocho meses. En particular, la asamblea de Colegiales brinda la casa de uno de sus integrantes para el acopio de materiales reciclables y alimentos juntados por cartoneros y vecinos. También la asamblea de Palermo Viejo ha enviado un cargamento, junto con cartoneros con quienes trabajan hace ya más de un año, para los inundados de Santa Fe. Por su parte, la asamblea popular de Villa Pueyrredón viene colaborando, junto con otras asociaciones y ONGs del barrio, en un proyecto de (auto)organización de los cartoneros
como Cooperativa de Recuperadores Urbanos. En una carta abierta dirigida
a los vecinos, en donde comentan las actividades que están llevando a cabo
en el predio recuperado en Artigas y las vías, expresan:

Los cartoneros son trabajadores y su función, la de ser el primer eslabón en la cadena de reciclado de basura, tiene importantes consecuencias económicas y ecológicas que redundan
en beneficios para todos (QSVT, 2004: 3).

El 9 de abril de 2003, varias de estas asambleas barriales participaron junto
a un grupo de cartoneros de una Audiencia Pública en la Legislatura, con
el objeto de debatir los contratos sobre recolección de residuos en la Ciudad
de Buenos Aires, logrando parar un proyecto que aspiraba a restringir la
actividad de los cartoneros en los barrios capitalinos. Actualmente, las respectivas Comisiones de acción social de las asambleas dinamizan el vínculo con los cartoneros27. Esto ha traído aparejado un debate al interior de la propia organización vecinal, en la medida en que muchas perciben que el compromiso de la asamblea es escaso con relación a esta problemática.

Con respecto a los movimientos piqueteros, desde un comienzo,
la relación ha sido muy fluida, plasmada en la famosa consigna: “piquete y cacerola, la lucha es una sola”. Podemos mencionar el recibimiento
por parte de los vecinos nucleados en la asamblea popular de Liniers
realizado a los hombres y mujeres integrantes de la Corriente Clasista
y Combativa (CCC) y la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) como
uno de los puntos culminantes del encuentro entre ambos sectores.
En esta ocasión, más de 200 personas prepararon en Rivadavia y José
León Suarez una calurosa bienvenida a los miles de trabajadores desocupados que ingresaban a la ciudad de Buenos Aires, en el marco de
una marcha originada en el partido bonaerense de La Matanza. Esto,
de acuerdo al testimonio de un miembro de la asamblea, fue una verdadera “fiesta de confraternidad”, ya que “antes, en todas las marchas
que hacían los desocupados, los comerciantes de Liniers cerraban las
persianas automáticamente. Pero, por un trabajo que se hizo en el barrio, por primera vez se mantuvieron las persianas abiertas”.
Asimismo, debemos destacar el hecho de que varias comisiones de
desocupados de asambleas hayan devenido, con el tiempo, en espacios
autónomos con una dinámica de construcción propia y diferenciada: de
las prácticas desplegadas por parte de la asamblea de San Telmo surgió,
a mediados de 2002, el núcleo embrionario del Movimiento de Trabajadores Desocupados de San Telmo; de la de Juan B. Justo y Corrientes y parte de la de Villa Crespo, el MTD de Villa Crespo; de la de Parque Lezama,
un importante sector de lo que luego constituiría el Polo Obrero de San
Telmo y La Boca; y de la del barrio de Floresta, el MTD “1º de mayo”.
En otras ocasiones, el reparto de bolsones de comida por parte de
asambleas generó un vínculo cercano al asistencialismo con vecinos en
condiciones de pobreza extrema, tornando problemático el trabajo territorial en el barrio. El resto de las asambleas, si bien no descartan prácticas en común con ningún grupo, han ido priorizando, crecientemente, el vínculo y la solidaridad con los MTDs integrantes de la Coordinadora Aníbal Verón, debido a su mayor grado de afinidad, por su carácter “autónomo”. De hecho, alrededor de veinte de ellas han conformado un espacio de reunión mensual denominado Ronda de Pensamiento Autónomo, que, si bien comenzó realizándose en la fábrica recuperada Grissinópoli, al poco tiempo se trasladó a Roca Negra, un predio cedido por las Madres de Plaza de Mayo a los MTDs de Solano, Almirante Brown y Lanús, ubicado en el barrio de Monte Chingolo28.

A su vez, con relación a las empresas “recuperadas” (gestionadas,
bajo diversas modalidades, sin patrón), nuevamente podemos referirnos
a la asamblea de Colegiales, Chacarita y Villa Ortúzar, que ha apoyado
desde el comienzo la lucha de los obreros de Grissinópoli (fábrica de
grisines rebautizada por ellos como Cooperativa “Nueva Esperanza”),
brindando cobertura social a sus actividades políticas y culturales. La
asamblea de Pompeya, asimismo, realizó numerosas acciones en pos
del fortalecimiento de las prácticas autogestivas defendidas por la imprenta Chilavert, que incluyen la apertura de un centro cultural en sus
instalaciones. La asamblea de Lacarra y Directorio, por su parte, si
bien no tiene una cercanía geográfica con la fábrica metalúrgica IMPA
(gestionada por sus trabajadores desde 1998), ha establecido con ella
(y, en un plano más general, con el Movimiento Nacional de Empresas
Recuperadas) redes de solidaridades, así como planificación de prácticas en común, llegando inclusive a pensar en la presentación de una
lista unificada para la elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. También
la asamblea de San Cristóbal, y la de San Juan y Boedo, han hecho lo
propio con las trabajadoras de la empresa textil Brukman, lográndose generar inclusive un espacio de coordinación entre asambleas –que
funcionó durante varios meses todos los miércoles a las 19 hs– en la
plaza donde se ubicaba la carpa del aguante, instalada a metros de la
fábrica como repudio al violento desalojo sufrido por parte de las fuerzas policiales. La organización del “maquinazo” del 30 de mayo frente
a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, el “mesazo” del 13 de junio en
el microcentro para juntar firmas y otras actividades de menor envergadura contaron con la iniciativa y participación activa de numerosas
asambleas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Por último, el Hotel
Bauen, ubicado en pleno centro porteño, contó desde los primeros días
con “guardias” rotativas brindadas por numerosas asambleas, y hoy
se ha convertido en un ámbito de confluencia y hermandad de estos
sectores en lucha.

22 Entendiéndolo en sus diversas dimensiones, a saber: relación social de dominación; conjunto de aparatos institucionales; y políticas públicas. Para una profundización de esta concepción, ver Ouviña (2002a).

23 Es sintomático el eslogan utilizado durante 2002 y 2003 por parte de los CGP del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –“¡Que se vengan todos… los vecinos!”–, con una clara intención de acercamiento a, y búsqueda de institucionalización de, los espacios asamblearios de autoorganización barrial, que tendían a impugnarlos desde su mismo surgimiento.
Basta recordar que una de las resoluciones aprobadas por la primera Asamblea Interbarrial Nacional el 17 de marzo de 2002 instaba a la “disolución de los CGP y que todos sus bienes pasen bajo el control de las Asambleas Barriales”

24 Un caso paradigmático fue el del senador Raúl Alfonsín, quien, apelando al artículo 22 de la Ley de Defensa de la Democracia, intentó –en sus propias palabras– “armar una acción política en contra de la anti-política” de las “sediciosas” asambleas barriales (Página/12, 2002).

25 Una discusión central que atraviesa a casi todas las asambleas capitalinas es qué posición tomar con respecto a la supuesta descentralización del poder a través de la creación de las Comunas y la sanción de un presupuesto participativo. Si bien no podemos extendernos en este punto, vale la pena mencionar el proyecto de “Iniciativa Popular” para que la Legislatura Porteña trate y apruebe la propuesta de participación directa impulsada por la asamblea de Villa Mitre, que cuenta con el aval de más de 8.500 firmas de vecinos de la ciudad (el doble de aquellos que hasta el momento han asistido a la totalidad de reuniones
barriales convocadas por los distintos Centros de Gestión y Participación para consultar sus opiniones acerca de la Ley de Comunas). Apoyado activamente por varias asambleas (Coghlan, Villa Urquiza, Colegiales y Plaza Noruega, entre otras), este proyecto propone la constitución de “veinte unidades descentralizadas de gestión política y administrativa con
competencia territorial”. Cada una de estas Comunas, a su vez, se dividiría en diez Vecindarios, de manera tal que se torne posible la participación directa de los vecinos, quienes a través de Asambleas Comunales y Vecinales elegirían a los mandatarios.

26 Los propios dirigentes de los partidos de izquierda han realizado acusaciones mutuas entre sí, denunciando sus respectivas prácticas de entrismo. Así, por ejemplo, Pablo Rieznik, del Partido Obrero, alude al integrante de una asamblea como miembro “de un grupito autodenominado Partido Bolchevique, disfrazado de militante vecinal” (Prensa Obrera, 2002), y Christian Rath, del mismo agrupamiento político, denuncia “la conspiración del MST [Movimiento Socialista de los Trabajadores] en el seno de las asambleas populares” (reproducido en ). Por su parte, Adriana Vitoli, candidata por Izquierda Unida a la Legislatura Porteña e integrante de la asamblea de Entre Ríos y San Juan, contraataca acusando al Partido Obrero de no haber “dudado en utilizar todos los medios a su alcance, incluyendo la agresión física”, para “lograr que el movimiento asambleario tome su política” (Prensa Obrera, 2003). Varios asambleístas entrevistados coinciden en criticar este tipo de acciones. Mientras uno de ellos expresa que “a los militantes de izquierda no les interesa la discusión entre vecinos ya que tienen su propio ámbito de debate que es el partido”, otro agrega que “el error de los partidos es tratar de imponerles a los vecinos un pensamiento político, cuando ese pensamiento lo tenemos que construir entre todos” (Fernández, 2002: 6).

27 Una actividad que muchas asambleas han generado al poco tiempo de su conformación, con el objetivo de constituir redes de apoyo mutuo con este sector social, es la realización de una olla popular de carácter “autogestivo”. En un volante que distribuyen a quienes asisten a ella, la asamblea de Ángel Gallardo y Corrientes aclara que la misma “no tiene nada que ver con el asistencialismo o la caridad de la iglesia que no busca otra cosa que limpiarse la conciencia dando limosna y mantener la brecha entre ricos y pobres. Nuestra olla pretende ser un lugar de encuentro en el que todos los que participemos de él lo sintamos como propio y, además de combatir el hambre que genera este sistema, empecemos a construir, a partir
de la solidaridad, la autoorganización y la lucha, otra forma de relacionarnos, mirándonos a los ojos y preguntándonos cómo cambiar esta realidad” (2002).

28 Algunos asambleístas entrevistados reconocen haber tenido conflictos en sus barrios con ciertos movimientos piqueteros, en especial con aquellos que “responden” a partidos de izquierda. Por ejemplo, podemos mencionar el caso de la asamblea de Parque Rivadavia y el Movimiento Sin
Trabajo “Teresa Vive” (brazo piquetero del MST), o el de las asambleas de Villa Crespo y el Cid Campeador que, luego de haber “recuperado” predios, devinieron territorios a ser “disputados” por grupos como el Polo Obrero. Por lo general, la crítica de estos últimos a las asambleas se vincula con la “composición de clase” de las organizaciones vecinales, su tendencia hacia el horizontalismo y el debate “excesivo”, y su “falta de práctica política concreta”.

Los espacios recuperados

La dinámica de constante deliberación y acción callejera antes descripta fue generando en muchas asambleas una bifurcación en su trayectoria que dio comienzo a un proceso propio de ocupación de predios
abandonados, con el objeto de recuperarlos para su uso público. En algunos casos, este derrotero estuvo acompañado por un abandono de las esquinas y plazas como ámbito de reunión, trasladando las asambleas a
lugares públicos pero cerrados; y, en tal sentido, los ámbitos ocupados
fueron un espacio privilegiado para esos encuentros (Quintar et al.,
2003). La noción de lo “público no estatal” cobró, en estas ocasiones,
una relevancia sustancial a los efectos de caracterizar el tipo de densidad asociativa que se pretendía construir territorialmente.
Su función comunitaria fue variando de acuerdo al tipo de lugar
“recuperado”, pero en todos los casos implicó un sinuoso tránsito desde
dispositivos asamblearios de debate colectivo a la búsqueda de concreción
de formas de gestión popular solidaria, a través de la implementación de
comedores para sectores pauperizados, emprendimientos de trabajo cooperativo, ferias artesanales, salas de asistencia médica y centros culturales, que inauguraron nuevas prácticas políticas, no exentas de tensiones.
La ocupación de predios y espacios públicos por parte de diversas asambleas barriales fue una de las actividades más originales y
pujantes realizadas desde este movimiento. El primer espacio fue un
ex Banco Mayo ubicado en las inmediaciones de Parque Avellaneda.
Al poco tiempo, el sábado 16 de febrero, la asamblea de Vecinos Autoconvocados de Villa Urquiza recuperó para el barrio, con el objetivo
de convertirlo en una plaza pública, el predio que supermercados Coto
había usurpado “ilegítimamente”. De acuerdo a los vecinos, “mediante
una dudosa concesión por 20 años, la empresa pretendía asegurar la
posesión de espacio sin contemplar los intereses del barrio” (Periódico
Asamblea de Villa Urquiza, 2002). Semanas más tarde, varias asambleas
avanzaron en un mismo sentido tomando espacios, en sus respectivos
barrios, sumidos en el abandono y la suciedad, para convertirlos en
ámbitos de experimentación colectiva29.
Según relatan varios asambleístas que participaron en tomas de
espacios, en cada uno de los casos ha sido una constante el hecho de que
los meses posteriores a la apropiación del edificio estuvieron surcados
por las lógicas contingencias vinculadas a cómo garantizar en el tiempo la toma del local (Svampa et al., 2002: 54). La mayoría de la veces, esta
cuestión tendió a desgastar a los integrantes de la asamblea, en la medida en que, tal como testimonian numerosos vecinos, muchas de sus
prácticas “estaban supeditadas a ese objetivo prioritario”.
El balance provisorio brinda resultados disímiles: mientras que
en unos pocos casos la ocupación de edificios generó una especie de
implosión y quiebre al interior de la asamblea vecinal (tal es el caso de
la frustrada experiencia del predio recuperado por la asamblea de Villa
Crespo), en otros brindó un espacio para la expansión de múltiples actividades comunitarias de vinculación con el barrio (Asamblea Popular del Cid Campeador y La Alameda de Lacarra y Directorio), potenciando –y
hasta desbordando– la práctica territorial de los propios asambleístas.
A pesar de que en un comienzo no sufrieron grandes amedrentamientos judiciales, a lo largo de 2003 varios de los predios recuperados
han sido desalojados, en un contexto de ofensiva enmarcado en acciones
similares sufridas por los habitantes del Patronato de la Infancia (edificio
público en desuso ocupado por decenas de familias “sin techo”), integrantes
del MTD de San Telmo, artistas del Centro Cultural Tierras del Sur y del
Circo Trivenchi, y trabajadores de las fábricas Sasetru, Zanón y Brukman.
Por su parte, la asamblea vecinal de Boedo fue obligada a desalojar el local
lindero a la autopista en el cual, además de realizar actividades culturales
y educativas, funcionaba un merendero. También la asamblea de Lezama
Sur perdió el edificio del ex Banco Mayo, ubicado en Suárez 1244, luego de
un impresionante operativo policial que desplegó más de 50 agentes. Meses
más tarde, la asamblea de Haedo, en provincia de Buenos Aires, padeció un
desalojo similar, y todo parece indicar que en el corto plazo varios espacios
más se encuentran amenazados por la misma problemática30. El caso más
emblemático ha sido el de la asamblea popular “20 de diciembre”, de Parque Avellaneda: luego de sufrir un desalojo, los vecinos lograron recuperar el predio, y se encuentran a la espera de la sanción de una ley de expropiación por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Es por ello que la adquisición reciente de predios por parte de
asambleas tiene un carácter menos confrontativo, y se vincula más a la
negociación con el Gobierno de la Ciudad que al esfuerzo y aporte solidario de los propios vecinos. Así, desde hace unos meses, la asamblea de
Juan B. Justo y Corrientes obtuvo un permiso municipal para usufructuar
un local ubicado en Humboldt y Corrientes, mientras que la asamblea popular de Liniers optó por alquilar uno en Cosquín al 500, a metros de
donde realizan su reunión habitual.

29 A modo de simple descripción, podemos mencionar los siguientes: asamblea Popular del Cid Campeador, Av. Ángel Gallardo 752 (local abandonado del Banco Mayo); asamblea de Florida Este, Vicente López (ex complejo de canchas de paddle); asamblea de Almagro, Medrano al
400 (predio abandonado); asamblea de Villa Crespo, Padilla y Scalabrini Ortiz (local abandonado del Banco Provincia); asamblea de Parque Lezama Sur, Suárez 1244 (local abandonado del Banco Mayo); asamblea de Paternal, Cucha Cucha 2452 (predio municipal); asamblea de Villa Pueyrredón (lavadero de autos abandonado); asamblea Popular de Villa Urquiza, Triunvirato entre Monroe y Roosevelt (ex pizzería La Ideal); asamblea de Villa del Parque, Cuenca y Marcos Sastre; asamblea de Parque Avellaneda, Lacarra y Directorio (ex bar La Alameda); asamblea Palermo Viejo, Bompland 1660 (ex mercado municipal); asamblea Plaza Palermo
Viejo, Gurruchaga y Nicaragua (ex mercado municipal); asamblea de Saavedra, Plaza Oeste y Núñez; asamblea de las 7 esquinas, Escalada y Alberdi (ex mercado abandonado); asamblea de Corrientes y Juan B. Justo, Humboldt y Corrientes (local abandonado).

30 Las respuestas frente a la posibilidad de un desalojo son múltiples: mientras que asambleas como la de Lacarra y Directorio y la de Paternal se encuentran gestionando la conformación de una cooperativa legal, a los efectos de continuar usufructuando el predio, en otro caso, los integrantes de la asamblea de Almagro –especialmente los más jóvenes– se muestran
reticentes a cualquier negociación con el Estado, instando a la realización de acciones de resistencia civil en contra de su accionar judicial.

Los socio-emprendimientos y la construcción de una
“economía solidaria”

Una de las actividades que más se ha extendido en los últimos dos
años en varios barrios capitalinos es la consolidación de socio-emprendimientos (diferenciados, en la mayoría de las veces, de los
microemprendimientos, asociados a los proyectos que tienden a ser
financiados por las ONGs y el Estado) que apuestan a una “producción libre de explotación”, en base a un “precio justo” y un “consumo
responsable”, según los comentarios de varios asambleístas consultados. La experiencia de mayor envergadura es la impulsada por los integrantes de la asamblea de Núñez-Saavedra, quienes, teniendo como
punto de partida un emprendimiento llamado “La bolsa y la vida”
(anclado en las tradicionales compras comunitarias), avanzaron en
la constitución de una red cooperativa de distribución de productos
generados por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el
Movimiento Agrario Misionero, quinteros del Gran Buenos Aires, fábricas recuperadas y emprendimientos realizados por varias comisiones vecinales. Procurando el encuentro de consumidores dispuestos
a optar por artículos elaborados de forma alternativa, la cooperativa
apuesta a que estos tengan un precio “en el que se cristaliza una relación que trasciende la compra-venta y supone un intercambio social
donde lo determinante es el valor del trabajo incorporado” (volante
de La Asamblearia, octubre de 2003).
Asimismo, merece destacarse la fabricación de artículos de limpieza por parte de la asamblea Gastón Riva de Caballito, la elaboración
de papel reciclado por miembros de la asamblea de Villa del Parque,
las artesanías y títeres en cartapesta realizados por la asamblea de
Scalabrini Ortiz y Córdoba, las bolsas de residuos generadas por los
vecinos de Pompeya, así como el taller de reciclado de computadoras del
Espacio de Proyectos de Parque Patricios, la fabricación de pañales por
la asamblea de Boedo, la producción de alpargatas por parte de la de
Plaza Palermo Viejo de fideos artesanales en la de Colegiales, y las ferias
de productos comunitarios armadas por la asamblea de Ángel Gallardo
y Corrientes en su tradicional esquina, y por la de Palermo Viejo en un
enorme predio recuperado en la calle Bompland, en donde funcionaron
durante meses más de cien puestos de exhibición e intercambio. De
acuerdo con un proyecto diseñado por los integrantes de esta última
asamblea, la “economía solidaria” es una apuesta a “resignificar el intercambio económico a partir de nuevas relaciones entre los ámbitos
de la producción, la circulación y el consumo”, fortaleciendo “todo el movimiento de autogestión social y de formas colectivas de gestión de
lo público” (Asamblea de Palermo Viejo, 2003).
Por su parte, Lucio, de la asamblea de Núñez-Saavedra, reconoce
que este sector o “subsistema de economía alternativa”, al menos por el
momento, “necesariamente va a tener que manejarse dentro de un contexto capitalista”. Sin embargo, agrega que la de ellos constituye “una
forma de producir, distribuir y consumir que rechaza el lucro y pone el
acento en la forma de decisión igualitaria y democrática”. Más allá de las
posibles limitaciones, consideramos que este tipo de prácticas, muchas de
ellas todavía embrionarias, apuestan a reinventar un universo de comunidades político-laborales compuesto no meramente de “ciudadanos”, sino
de cooperantes voluntarios que (re)construyen vínculos y tejidos sociales,
así como bienes públicos, capaces de contrarrestar el poder privatista del
capital, sin delegar ese cuidado en funcionarios profesionales.

Las instancias de coordinación entre asambleas

La conformación de la Asamblea Interbarrial –cuya primera reunión
data del 13 de enero de 2002 en el Parque Centenario– apareció, al menos
en sus comienzos, como un emergente de coordinación entre las más de
treinta asambleas que venían funcionando desde el mes de diciembre en
Capital Federal y, en menor medida, en el Conurbano bonaerense31. Su
función primordial era potenciar los reclamos de los vecinos de la ciudad
y, a la vez, crear un espacio en donde puedan discutirse objetivos comunes. Si bien durante los primeros meses mantuvo su heterogénea masividad (con una concurrencia semanal fluctuante de entre mil y cuatro
mil personas), poco a poco su rol se fue desvirtuando, deviniendo en una
arena de resolución de los conflictos y mezquindades de los partidos políticos y organizaciones de izquierda más sectarias. Esto fue percibido por
numerosas asambleas, que optaron por generar instancias intermedias
de articulación entre ellas mismas, en función de la cercanía geográfica
y la filiación barrial. Así es como han ido emergiendo las Interzonales
y las Mesas de Enlace, conformadas por alrededor de una decena de
asambleas, aunque su número varía según el caso. Estos espacios, si bien
hicieron menguar el nivel de intervención de los vecinos en la Interbarrial
de Parque Centenario, instaron a su vez a un profundo debate acerca de
las modalidades de deliberación en este último ámbito. Como consecuencia, se decidió finalmente modificar la dinámica de participación en la
Interbarrial, restringiendo la votación resolutiva a un delegado rotativo con mandato por asamblea barrial32. No obstante, en un primer momento logró aglutinar a un gran número de asambleas de Buenos Aires, a
punto tal que el 17 de marzo de 2002 se llevó a cabo la primera Asamblea
Nacional Interbarrial, reuniendo a alrededor de 150 asambleas de todo
el país en la zona de Parque Centenario. Meses más tarde, se intentaría
repetir la experiencia con la segunda Asamblea Nacional, aunque en un
contexto ya de reflujo general de este movimiento en el país33.
Otro ámbito de articulación asamblearia fue el llamado Espacio
de Colombres. La denominación alude a la calle donde se encuentra
ubicado el Centro Cultural creado por ex empleados del Banco Mayo,
y que es utilizado por numerosas organizaciones sociales y políticas
para la realización de reuniones y encuentros en común. En este caso,
su surgimiento se vincula con algunos partidos –el Partido Obrero, el
Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Partido Comunista– que
explicitaron al interior de las asambleas barriales la necesidad de configurar una instancia en la cual confluyan movimientos de tipo social
con organizaciones “estrictamente políticas”.
Por su parte, la Asamblea Interzonal de Salud, o Intersalud, nuclea a los referentes de las Comisiones de Salud que funcionan en cada
una de las asambleas barriales de Capital Federal y GBA. Constituida
entre marzo y abril de 2002 en función de la confluencia en la acción de
dichas comisiones, según sus propias palabras, trata de “encargarse del
problema cada vez más agravado de la salud en la Ciudad y alrededores”. En tal sentido, visitan hospitales públicos, piden medicamentos a
laboratorios, realizan eventos, se conectan con trabajadores de la salud
y pacientes, han participado del Foro Social de Salud y debaten medidas
a tomar ante la inacción o complicidad de los responsables de esta situación. La Intersalud también ha elaborado un programa de 30 puntos con demandas específicas del área. Uno de sus logros más importantes ha
sido el proyecto de fábrica de pastas y panadería para el Hospital Borda, el cual, con sólo 20.000 pesos que tiene que ceder el Gobierno de la
Ciudad, puede alimentar y dar trabajo no sólo a los internos de ese hospital, sino también a los del Moyano y el Tobar García, y a los comedores populares de los barrios de la Boca y Barracas. En su último Informe de
Reunión del 23 de junio de 2003, han expresado en tono crítico:

La Intersalud no pretende ser el espacio líder en defensa de la salud
y el hospital público y gratuito, sino aportar lo mejor que pueda a la
lucha y buscando permanentemente la coordinación con otros espacios de luchadores tan válidos como el nuestro. En esa dirección venimos recomponiendo nuestro espacio con un criterio más abarcativo de contención y potenciación de las compañeras y compañeros.
Como en su momento hemos acordado, la Intersalud no es sólo un
ámbito de asambleístas sino también de todos aquellos que en forma
individual o de grupos estén comprometidos en la lucha contra estas
políticas sanitarias, construyendo al mismo tiempo coordinación y
unidad para ser más contundentes con nuestras iniciativas.

Del mismo modo, merece destacarse la Comisión por el control y recuperación de los servicios y empresas públicas privatizadas, surgida en
febrero de 2002 en el seno de la Interbarrial de Parque Centenario. Una
asambleísta miembro entrevistada relata:

[La Comisión] se viene juntando desde hace más de un año, más
específicamente la primera reunión en Colombres fue el 7 de mayo
de 2002 (me acuerdo porque era el aniversario del nacimiento de
Eva); desde ahí hubo reuniones todos los martes. Aparte también se
hicieron encuentros para temas particulares. La idea de empezar a
reunirse todas las asambleas surgió en Parque Centenario; después
de que cada asamblea hablara, se nos ocurrió juntar a todas las que
habían hablado de esto. Si bien nuestra asamblea había pensado en
hacer algo al respecto, al poco tiempo nos empezamos a reunir con
otros de la mesa de enlace34.

La Intertomas, a su vez, se gestó como una necesidad por parte de
aquellas asambleas que habían recuperado predios, ante las constantes
intimidaciones judiciales que sufrían. Su actividad ha sido sumamente
acotada, y en la actualidad ha dejado de reunirse. Teniendo como lema
la consigna “si tocan a una, tocan a todas”, sirvió en un comienzo como
espacio de socialización de prácticas de resistencia frente a la posibilidad de desalojo, o bien a la intención de tomar algún edificio público.
Piquete y Cacerola es un espacio generado a iniciativa de la asamblea de Lezama y de asambleístas integrantes del Partido Obrero, en el
marco de las sucesivas Asambleas Nacionales de Trabajadores Ocupados
y Desocupados, convocadas en su mayor parte por el Bloque Piquetero
Nacional, aunque con presencia de otros sectores sociales, sindicales y
políticos. En él confluyen alrededor de diez asambleas que han tenido un
rol más protagónico en la vinculación con el movimiento piquetero. En la
actualidad ha menguado el nivel de participación de las asambleas barriales. De acuerdo con un vecino participante del espacio, esto en parte fue producto “del intento de algunas de ellas de hegemonizar su dirección”.
Por último, recientemente comenzó a funcionar el llamado Encuentro de Asambleas Autónomas, en tanto instancia aglutinante de
aquellas asambleas que no se encuentran subordinadas a partidos políticos o instancias gubernamentales como los Centros de Gestión y
Participación. Si bien la primera reunión ocurrió en enero de 2003 en
el barrio de Villa Real, el antecedente inmediato que dio lugar a su conformación fue la Primera Jornada Nacional de Intercambio de Experiencias de Asambleas realizada el 7 de septiembre de 2002 en Villa Elisa (La Plata), que contó con la presencia de miembros de 19 asambleas. Cada encuentro general se realiza una vez por mes, de manera rotativa, por
lo general en predios recuperados. Allí, en una primera etapa se debate
en Comisiones (Política Institucional, Trabajo y Economía Solidaria, Salud, Cartoneros, Justicia, Medios Alternativos, Empresas Privatizadas,
Cultura y Vivienda), para luego realizar una puesta en común, dando
lugar a un Plenario en donde se discuten las acciones centrales a desarrollar por parte del movimiento asambleario en las próximas semanas.
En la actualidad, están participando en este ámbito buena parte de las
asambleas de Capital y Gran Buenos Aires, con la salvedad de que la
mayoría de quienes asisten no lo hacen con “mandato”.
En medio de una tensa turbulencia, cruzada por intentos de cooptación por parte de ciertos nucleamientos de izquierda y amenazas o
represiones realizadas por patotas del Partido Justicialista, ha resultado
sin duda todo un logro que, tras el supuesto repliegue generalizado que
se vivió en los meses posteriores a la caída de De la Rúa, se hayan mantenido incólumes buena parte de las asambleas vecinales y sus ámbitos
de coordinación, consolidando cada una de las prácticas horizontales y democráticas que las caracterizan, en el propio territorio del barrio.
Más aún teniendo en cuenta que los espacios que se vienen ensayando últimamente –no sólo entre asambleas sino también con respecto
a otras organizaciones– tienden a sepultar los vicios y mezquindades
vanguardistas que en un comienzo atravesaban instancias como la de
Parque Centenario o Colombres.
Hoy, los mejores ejemplos de ello son, además del mencionado
Encuentro de Asambleas Autónomas, las Rondas de Pensamiento Autónomo. En ambos casos, más allá de ciertos límites y tensiones, se busca
generar un diálogo entre prácticas y saberes sociales, multiplicando los
ámbitos informales y deliberativos ajenos a la representación delegativa. Estas y otras instancias de composición no implican, sin embargo,
una apuesta en pos de que la desobediencia disruptiva se concentre en
un solo punto que opere como antesala de una futura mayoría gubernamental. Lo más fructífero no parecen ser los “plenarios” fogoneados por los pocos integrantes de partidos de izquierda que aún pululan por las asambleas, sino los bordes que se tejen de manera subterránea en estas redes, socializando experiencias e iniciativas varias, distanciadas tanto de la acción espectacular como del autismo político.

31 En el caso de la provincia de Buenos Aires, se llegaron a constituir con menor fuerza otras Interbarriales: Zona Norte (frente a la Quinta de Olivos); La Plata, Berisso y Ensenada; Zona Oeste (en la Unión Ferroviaria de Haedo); y Lomas de Zamora. También en Rosario funcionó durante varias semanas un espacio de coordinación de similares características.

32 Sugestivamente, la reunión Interbarrial concluyó con el canto generalizado de una consigna: “¡Respeten los mandatos, basta de aparatos!”.

33 Recién el 7 de junio de 2003, convocado por las asambleas de la provincia de Entre Ríos, se realizó en Paraná un nuevo encuentro que aspiraba a tener un carácter nacional. Sin embargo, por la escasa difusión y relativa lejanía, no participaron demasiadas asambleas de Capital Federal y Gran Buenos Aires, aunque sí hubo representantes del Encuentro de
Asambleas Autónomas. Una nueva reunión nacional ha sido llamada para el 9 de agosto de 2004 en Rosario. El temario central a debatir es el siguiente: la unidad asamblearia desde la autonomía y la diversidad; la construcción de una Red Nacional de Asambleas; y la construcción de una “herramienta política nueva, útil para promover el cambio”.

34 Entre las principales actividades realizadas, podemos destacar: elaboración de un “exigitorio” que, al ser respaldado por miles de firmas de vecinos con quienes se debatió en profundidad el tema, fue presentado en la Cámara de Diputados y la Defensoría del Pueblo de
la Nación; realización de una encuesta en los diferentes barrios porteños, “apuntando sobre todo a ver qué medida de desobediencia civil estaba dispuesta a hacer la gente” en contra del aumento tarifario; escraches varios en muchas oficinas de las empresas privatizadas y de
entes reguladores, según lo decidían la distintas asambleas; charlas informativas y de debate, con especialistas y trabajadores; apoyo y participación en actos y acciones del espacio de
resistencia “Salvemos al tren”; audiencia pública “popular” frente a la oficina central del Ente Regulador del Agua (ETOSS), convocada por las asambleas barriales; apagón con cacerolazo, la noches anterior a ser realizada la primera Audiencia Pública convocada por el organismo
regulador del servicio de agua; movilización y corte de calle en la sede central de la empresa Aguas Argentinas; presentaciones y movilizaciones en los Tribunales a los jueces que debían decidir si daban curso a los amparos presentados por las defensorías y asociaciones ante
los diversos intentos de aumentos de tarifas; y caravana vecinal de “resistencia contra el tarifazo” por todos los barrios capitalinos y algunas zonas de la Provincia de Buenos Aires, finalizando en la sede de Aguas Argentinas.

A modo de conclusión: las asambleas barriales como
laboratorios de experimentación

Revisadas las principales dimensiones que caracterizan a la asambleas
barriales, podemos expresar que la multiplicidad de emprendimientos,
acciones y espacios de coordinación llevados a cabo por las asambleas
les han permitido conquistar una legitimidad social considerable en la
población, que ya no ancla en la práctica mediática que al inicio reificaban muchas de ellas a través de desgastantes movilizaciones hacia la
Casa Rosada, supuesto emblema del “poder”. Numerosos vecinos que
quizás no participan más, físicamente, de la asamblea de su barrio,
mantienen todavía una vinculación permanente con ella a través de
variadas redes de intercambio y apoyo, que exceden en demasía a la
propia reunión semanal. A tal punto esto es así que, en varias ocasiones, ocurre que el arraigo territorial de la asamblea es inversamente
proporcional a la cantidad de miembros que la componen. De cientos
de vecinos vociferando de manera caótica en esquinas y plazas, hoy
han quedado –luego de sucesivos tamices– comprometidos activistas
que pueden ser vistos como sedimentos del 19 y 20 de diciembre de
2001, materializados en prácticas cooperantes, periódicos alternativos,
bibliotecas y ollas populares, comisiones de trabajadores desocupados,
talleres de serigrafía, de salud reproductiva y de autoempleo, merenderos, grupos de arte callejero, y un conjunto de actividades colectivas
que conforman un espacio “público no estatal”, allí donde antes existían bancos quebrados, predios abandonados, terrenos baldíos, espacios privatizados o lazos de solidaridad rotos. En esta edificación, medios y
fines instituyen una reciprocidad inmanente.
En la actualidad, varios son los interrogantes que atraviesan a
las asambleas: cómo articular lo estrictamente barrial con las luchas
nacionales, regionales y hasta mundiales que se desenvuelven a diario
de forma dramática, o cuáles deben ser los criterios que fomenten la
conformación de nuevas relaciones sociales duraderas y sustraídas de
la lógica de la dominación estatal, sin perder la creatividad exploratoria
que constituye la columna vertebral del movimiento. Las respuestas,
por supuesto, no son meramente teóricas, sino un producto de la praxis
que se va delineando en el propio andar. De ahí que “Caja de Pandora”
sea quizás la metáfora más correcta para caracterizar el destino de las
asambleas barriales, en la medida en que su forma de construcción supone una apuesta sin garantías. Por ello, si bien podemos expresar que
las asambleas han sido y son un complejo espacio “público no estatal”
en el cual se combinan, de manera desigual, las diversas dimensiones constitutivas enunciadas a lo largo de este artículo, desde su inicio
mismo esta instancia estuvo atravesada por diferentes tensiones y ambivalencias, cuya persistencia y cristalización ponían en riesgo, según
Svampa (2002a), esa misma dinámica inaugural.
Cierto es que algunas asambleas han desaparecido, otras sufrieron
divisiones, y muchas han mutado o bien sobreviven al calor de la intemperie y la fragmentación, con unos pocos vecinos que a fuerza de pulmón y alegría batallan contra la soberbia del poder. No obstante, luego
de sucesivas marchas, represiones, rupturas, abandonos y frustraciones,
siguen aventurándose a construir una nueva manera de hacer política,
anclada en una temporalidad opuesta a la electoral. La cuestión es saber
si, como vecinos de la ciudad, estamos dispuestos a ejercer prácticas de
in(ter)vención desde su núcleo vivencial, para que –tal como añoraban los
surrealistas del siglo pasado– nuestros sueños conmuevan la realidad.

Apéndice
excursus: notas interpretativas sobre la consigna
“¡que se vayan todos!”

Sin duda alguna, la consigna política que aglutinó desde el comienzo
a las asambleas barriales fue: “¡que se vayan todos!”. Las interpretaciones en torno a su significado han sido, desde ya, múltiples. No es
nuestra intención reproducir en este apartado cada una de ellas, sino
más bien dar cuenta de las tensiones discursivas, así como de las potencialidades que la frase encierra. Repetida hasta el hartazgo, ella podría implicar –desde una lectura inmediatista y literal– la suposición de que el problema político crucial se reduce a un cambio de autoridades alinterior del aparato estatal (sintetizado en la apelación a la “caducidad
de todos los mandatos”), sin realizar en paralelo una crítica radical al
mismo, conteniendo por tanto el peligro potencial de caer en una concepción instrumentalista del Estado. Una vez “saneado”, este asumiría
un carácter neutro, permitiendo que los nuevos representantes llenen de
contenido anticapitalista dichas estructuras. Este discurso subyace en
forma explícita en agrupaciones como la Central de los Trabajadores
Argentinos (CTA), pero empapa también a varios de los partidos de
izquierda que participan activamente al interior de las asambleas35.
Sin embargo, si bien no desmerecemos esta interpretación (esencialmente como posibilidad cierta), desde otro ángulo podríamos aventurar que el sintagma contiene un aporte fundamental a la construcción
de una alternativa total a la escisión entre dirigentes y dirigidos. Tal
como se postula en Fernández et al. (2002: 73), el mismo no opera tanto
a modo de propuesta programática, sino que confronta con la política
pensada en términos de lo posible, poniendo en evidencia la radicalidad
de aquello que habrá que inventar colectivamente. Por ello, la importancia no estribaría en la literalidad inocente de la frase, sino “en el vacío
que deja cuando reclama aquello que no es posible”, demandando la
ineludible invención de lo por-venir. Asimismo, configura una universalidad que no busca englobar ni atravesar a las diversas identidades presentes durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, abriendo
“una zona de creación y disputa política acerca del sentido de la misma
en la que puede participar cualquiera” (Cerdeiras, 2002: 63).
Podemos postular que, además, el enunciado sintetiza algo que
para el marxismo tradicional resulta una piedra en el zapato: el que se
vayan todos es, por definición, anti-vanguardista. La negatividad –paradójicamente positiva– y el quiebre con respecto al orden existente
son el motor político de las asambleas. Más allá de ellas no hay casi
nada, salvo las nuevas e inestables relaciones humanas sobre las que se
solventan. En este sentido, Walter, de la asamblea de Colegiales, Chacarita y Villa Ortuzar, expresa que el slogan ¡QSVT!, si bien “nació antes
de definirse, resume la catarsis del ‘ya no aguanto más’” (Asamblea de
Colegiales, Chacarita y Villa Ortuzar, 2002).
Es posible, entonces, afirmar que, más que una crisis de representantes36, lo que existe en Argentina desde hace años, y terminó por

consolidarse el 19 y 20 de diciembre de 2001, es una radical crisis de
representación37, en el sentido etimológico del término: en Grecia, originariamente estaba ligado a la actuación (praxis) del prot-agon que
asumía una forma de lucha o combate histórico. En efecto, durante
aquella dramaturgia urbana acontecida en un verano tan intenso como
caluroso, se impugnó toda una serie de modalidades tradicionales de
pensar y hacer política. La precondición para “que venga lo que nunca
ha sido” es despojarnos del ropaje de espectadores, (re)apropiándonos
creativamente de ese escenario público cuyo tizón aún se mantiene
encendido. De lo contrario, tal como profetizaba Marx, la tragedia se
repetirá indefectiblemente como farsa.

35 En el caso de la CTA, su concepción es explicitada en uno de sus documentos gremiales:
“El Estado es una herramienta que no es ni buena ni mala en sí misma: un martillo puede ser usado para construir o para destruir, depende quién lo utilice. Ahí se define la voluntad, la intención política” (ATE-CTA, 1996).

36 Al respecto, es interesante destacar la ausencia absoluta de dirigentes o voceros asamblearios, en paralelo a la apelación permanente al término “autoconvocados”.

37 Uno de los mayores críticos de la noción de representación es, sin duda, Antonio Negri. De acuerdo al filósofo italiano, ella opera como “uno de los instrumentos jurídico-constitucionales fundamentales para el control y la segmentación del poder constituyente”, no siendo “más que una rueda de la máquina social de la división del trabajo”. Por contraposición, el poder
constituyente “se define emergiendo del vértice del vacío, del abismo de la ausencia de determinaciones, como una necesidad totalmente abierta. Es por esto por lo que la potencia constitutiva no se concluye jamás en el poder” (1994: 20-32). De manera coincidente, diversos autores han
caracterizado a la práctica asamblearia como una construcción desde este abismo.

Bibliografía
Adamovsky, Ezequiel 2002 “Imágenes de la nueva y de la vieja izquierda”
en El Rodaballo (Buenos Aires) Nº 14.
Altamira, Jorge 2002 El Argentinazo. El presente como historia
(Buenos Aires: Rumbos).
Asamblea de Ángel Gallardo y Corrientes 2002 “Olla Popular: ¿Quiénes y
por qué la hacemos?”, Buenos Aires, mimeo.
Asamblea de Chacarita, Colegiales y Villa Ortuza 2002 “Boletín” (Buenos
Aires) Nº 3, 25 de marzo.
Asamblea de Palermo Viejo 2003 “Proyecto de Economía Solidaria.
Aportes preliminares”, Buenos Aires, mimeo.
Asamblea de Plaza Palermo Viejo 2002 “Boletín” (Buenos Aires) Nº 1.
Asamblea de Scalabrini Ortiz y Córdoba 2002 “Boletín” (Buenos Aires) Nº 3.
ATE-CTA 1996 “¿Un país sin Estado?”, Buenos Aires, mimeo.
Boron, Atilio 2000 “Los nuevos leviatanes y la polis democrática” en Tras el
Búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin
de siglo (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).

Bresser Pereira, Luiz Carlos y Cunill Grau, Nuria 1998 “Entre el Estado y
el mercado: lo público no estatal” en Bresser Pereira, Luiz Carlos y
Cunill Grau, Nuria (comps.) Lo público no estatal en la Reforma del
Estado (Buenos Aires: CLAD).
Camarasa, Jorge 2002 Días de furia. Historia oculta de la Argentina desde
la caída de De la Rúa hasta la asunción de Duhalde (Buenos Aires:
Sudamericana).
Cardoso, Ruth 1997 “Fortalecimento da sociedad civil” en Berg, Evelyn
(ed.) Terceiro setor. Desenvolvimento social sustentado (São Paulo:
Paz e Terra).
Ceceña, Ana Esther 2000 “Revuelta y territorialidad” en Actuel Marx.
América Latina, los nuevos actores sociales (Buenos Aires:
Kohen & Asociados Internacional).
Cerdeiras, Raúl 2002 “La política que viene” en Acontecimiento.
Revista para pensar la política (Buenos Aires) Nº 23.
Clarín 2001 (Buenos Aires) 16 de octubre.
Colectivo Situaciones 2001 MTD-Solano (Buenos Aires: Ediciones
de Mano en Mano).
Colectivo Situaciones 2002 19 y 20. Apuntes para un nuevo protagonismo
social (Buenos Aires: Ediciones de Mano en Mano).
Cotarelo, María Celia 2002 “Un punto de inflexión en las luchas populares:
la insurrección espontánea de diciembre de 2001” en Herramienta
(Buenos Aires) Nº 19.
Cunill Grau, Nuria 1997 Repensando lo público a través de la sociedad:
nuevas formas de gestión pública y representación social (Caracas:
Nueva Sociedad).
De Lucía, Omar Daniel 2002 “La revuelta de diciembre: hipótesis
y perspectivas” en Herramienta (Buenos Aires) Nº 19.
Dinerstein, Ana 2002 “¡Que se vayan todos! Crisis, insurrección
y la reinvención de lo político en Argentina” en Bajo el volcán
(Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) Nº 5.
Fernandes, Rubem 1994 Privado porém público: o terceiro setor no América
Latina (Rio de Janeiro: Relume Dumará).
Fernández, Ana 2002 “La lógica situacional de las asambleas: los juguetes
rabiosos de los barrios” en Campo grupal (Buenos Aires) Nº 40.

Fernández, Ana et al. 2002 “Una apuesta colectiva al borde del abismo.
El mar en una botella” en Cuadernos del Sur (Buenos Aires) Nº 34.
Fernández, Ana et al. 2003 “Las asambleas y sus relaciones. Espacios
colectivos de acción directa” en Campo grupal (Buenos Aires) Nº 44.
García Delgado, Daniel y Silva, Juan 1989 “El movimiento vecinal
y la democracia: participación y control en el Gran Buenos Aires”
en Jelin, Elizabeth (comp.) Los nuevos movimientos sociales
(Buenos Aires: Centro Editor de América Latina).
Genro, Tarso 2000 “Los espacios públicos no estatales” en Reinventar
el futuro. Democracia y socialismo en la era de la globalización
(Barcelona: Ediciones del Serbal).
González Bombal, Inés 1989 “Protestan los barrios (el murmullo suburbano
de la política)” en Jelin, Elizabeth (comp.) Los nuevos movimientos
sociales (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina).
González Bombal, Inés 1995 “¿Entre el Estado y el mercado? ONGs
y sociedad civil en la Argentina” en Thompson, Andrés (comp.)
Público y privado. Las organizaciones sin fines de lucro en la
Argentina (Buenos Aires: Losada).
Gramsci, Antonio 1998 (1977) Escritos políticos (Buenos Aires: Siglo XXI).
Guerrero, Emilio 2002 “Emergencia y desafíos de las asambleas barriales”
en Herramienta (Buenos Aires) Nº 19.
Harnecker, Marta 1987 Enemigos, aliados y Frente Político (El Salvador:
Venceremos).
Hirsch, Joachim 2001 El Estado Nacional de competencia. Estado,
democracia y política en el capitalismo global (México DF:
Universidad Autónoma Metropolitana).
Intersalud 2002-2003 “Informes de la Comisión”, Buenos Aires, mimeo.
Jelin, Elizabeth 1987 “Movimientos sociales y consolidación democrática
en la Argentina actual” en Jelin, Elizabeth (comp.) Movimientos
sociales y democracia emergente (Buenos Aires: Centro Editor de
América Latina).
Kohen, Beatriz 1998 “Poder Ciudadano y las acciones de interés público.
Un ejemplo de control desde la sociedad civil: el programa de
participación y fiscalización ciudadana en Argentina” en Bresser
Pereira, Luiz Carlos y Cunill Grau, Nuria (comps.) Lo público no
estatal en la Reforma del Estado (Buenos Aires: CLAD).

Tomado de Clacso 2008

Editado por “Laburantes.org” 24/09/2020

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